EDITORIAL
Cambio de protección que debe ir acompañado con el censo del lobo
CASTILLA Y LEÓN, junto con el resto de comunidades afectadas como Galicia, Asturias y Cantabria, vienen reclamando una rebaja en la protección del lobo. Rebaja a la que, ahora sí, parece que ya se abre la Comisión Europea. ¿La razón? El crecimiento de las manadas, lo que provoca que se aumente también el numero de ataques del lobo a la cabaña ganadera de Castilla y León.
La Junta, esta vez a través de su vicepresidente Juan García- Gallardo, volvía a Europa para pedir «sentido común» en la rebaja de ese nivel de protección que tiene el cánido. Conviene recordar que, en la actualidad, está prohibida su caza, ni siquiera la controlada para evitar la superpoblación, al norte y al sur del Duero. Los ganaderos de la Comunidad, de forma individual y a través de las organizaciones agrarias, vienen exigiendo que se flexibilice ese grado de protección que ahora mismo tiene el lobo.
Pero esta rebaja, a la que Europa ahora sí se abre, tiene que llegar con el aval científico de los datos. Y eso pasa porque desde la Junta, y más concretamente desde la Consejería de Medio Ambiente, se fije de una vez por todas el censo del animal, como por otra parte ya ha hecho otras comunidades como País Vasco y Galicia. Esa evidencia científica, la que fijan los datos es la que el Gobierno empleará para aplicar o no esa rebaja en la protección que ahora Bruselas sí admite y acepta.
Castilla y León puede pedir, una y otra vez, que se baje el nivel protector que tiene el animal. Y, para hacerlo, puede apelar al sentido común o a la razón suprema, pero de nada servirá si no se lleva a cabo ese censo. La fauna es cambiante porque la realidad es dinámica. Y es flexible porque la realidad es cambiante. Por eso es obligado que esa reducción o n o no de la protección del lobo se realice en base a datos científicos y constatables. No en base a la palabra o a las ocurrencias. Se hace con el aval de los datos.
Medio Ambiente tiene que estar diligente para cuantificar esos datos del lobo y plasmarlos en un censo. Será, a partir de ahí, cuando pueda exigir esa rebaja con rigor. Puede que tenga razón pero esto no puede tomarse en base a las palabras. La administración requiere mucha reglamentación como bien sabe el titular de la Consejería de Medio Ambiente, como buen magistrado. De ahí que el cambio de protección que debe ir acompañado con el censo del lobo.