¡Help! La lucha contra la despoblación y las ayudas de funcionamiento

La batalla contra la despoblación no se está ganando. Hoy, hay un 30% más municipios de menos de 100 habitantes que hace dos décadas, 1.300 contra 1.000, en números redondos… y contumaces. Mejor no extender el cálculo a las pedanías de esos municipios.

De no haber sido por la resistencia numantina (qué oportuno, ¿no?) de muchos habitantes, trabajadores y empresas locales, o por el empuje de nuevos pobladores, colectivos e instituciones sobre el terreno o emprendedores rurales, serían muchos más los municipios abandonados o con un tamaño inviable.

Tres provincias españolas tienen una densidad de población de menos de 12,5 habitantes por km2: Cuenca, Soria y Teruel. Pero son cientos las comarcas, en la mayoría de las provincias españolas, en las que la densidad de población es equiparable a la de Laponia.

Las políticas de rango estatal contra la despoblación son claramente insuficientes. Por modestas que sean las diferentes políticas autonómicas, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, seguro que alcanzan un múltiplo bastante mayor que la unidad de las políticas estatales.

Quiero referirme en esta tribuna a las Ayudas de Funcionamiento de la Disposición Adicional nonagésimo primera de la Ley 31/2022 de PGE para 2023 y a los resultados de in informe sobre su impacto que he tenido el privilegio de coordinar para la Red SSPA de Organizaciones Patronales y Grupos de Desarrollo Local de las tres provincias antes mencionadas.

Este informe se realizó en dos fases. La primera, en mayo-junio de 2023, consistió en una evaluación cuantitativa ex ante del impacto de las ayudas que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La segunda, una encuesta a empresas en noviembre-diciembre de 2023 y posterior análisis en febrero-marzo de 2024, se orientó hacia una primera evaluación ex post del impacto de las ayudas sobre la base de las respuestas a la encuesta.

Este doble enfoque permitió validar una serie de intuiciones que se desprendían de la lectura cuidadosa de la normativa. También permitió constatar algunos problemas asociados a la norma misma y a su aplicación. Por último, arroja luz, para nosotros muy clara, sobre cómo no debe proseguir la lucha contra la despoblación.

La principal intuición que se reveló plenamente correcta era la relativa a la insuficiencia de las ayudas.

Como se sabe, estas consistían en una bonificación del 5% de la cuota empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social para asalariados en alta antes del 1/01/2023. Para los asalariados indefinidos contratados después de esa fecha, con las ayudas ya en vigor, la bonificación de la cuota empresarial ascendía al 15% en municipios de 1.000 o más habitantes y al 20% en municipios de menos de 1.000 habitantes. Los trabajadores autónomos, por su parte, con dos años de alta en la Seguridad Social, y el 100% de su actividad en su provincia de afiliación, recibían un tercer año de tarifa plana.

Las ayudas se aplicaban de oficio por la Tesorería general de la Seguridad Social desde su entrada en vigor. Las referidas a los asalariados siguen vigentes en 2024 (en principio son indefinidas), pero las de los autónomos han dejado de aplicarse en 2024.

Las ayudas aplicadas en 2023 habrán supuesto una bonificación del 0,54% del coste laboral bruto de los asalariados ya en alta en diciembre de 2022 y entre un 1,6% y un 2,2% del coste laboral de los asalariados contratados en 2023.

La afiliación en las tres provincias en 2023 aumentó en 3.665 trabajadores, aunque las nuevas altas en ese año debieron ser sensiblemente mayores debido a las jubilaciones de los asalariados en alta en el año precedente.

De la encuesta a los empresarios, se extrae que un 43,1% de las empresas incrementó su plantilla en 2023, por lo que las nuevas contrataciones en ese año, dado un censo de unas 20 mil empresas en las tres provincias, superarían la cota mínima de 8.620 (1 alta en 2023 por cada empresa que incrementa su plantilla en ese año).

Pero la encuesta también nos dice que sólo un 6,7% de las empresas que declaran haber aumentado su plantilla (un 2,9% del total de empresas encuestadas) indican posteriormente haberlo hecho gracias a las ayudas. La probabilidad de que las ayudas de funcionamiento hayan servido directamente para crear empleo parece ser, pues, muy baja. Se estima que los empleos creados directamente gracias a las ayudas vigentes no superarían los 128 empleos cuando se elevan las respuestas de la muestra a la población empresarial de las tres provincias (en una horquilla de entre 62 y 128 empleos).

La sorpresa más relevante que emerge de la encuesta es que un 26,5% no sabían que existían estas ayudas, al tiempo que se estaban beneficiando de ellas sin saberlo pues se aplicaban de oficio desde el 1 de enero de 2023. Pero, además, de ese 26,5%, un 17,6% adicional qué si sabían de la existencia de las ayudas, tampoco eran conscientes de ser, como lo eran, beneficiarios (un 44,1% en total no eran conscientes de ser beneficiarios).

Este problema de percepción arranca de la aplicación de oficio, sin comunicación oficial a las empresas hasta pasada su entrada en vigor, potenciada por la manifiesta insuficiencia de las ayudas, pero también de la dificultad de llegar a todas las empresas (muchas de ellas muy pequeñas empresas, dispersas en el territorio y con muy pocos empleados) desde las sedes provinciales de las organizaciones empresariales que, naturalmente, informaron de la aprobación de las ayudas (a finales de diciembre de 2022, no obstante) y trasladaron las comunicaciones oficiales a las asociaciones empresariales, comunicaciones que se produjeron una vez las ayudas en vigor.

No me caben dudas de que si las ayudas hubiesen sido del 10% de los costes laborales brutos (10.000 euros de una nómina salarial de 100.000 euros), en vez del 0,54%, como las vigentes para trabajadores ya en alta (540 euros para nómina de 100.000 euros), no habría hecho falta ni anunciarlas. Recuérdese que la UE autoriza hasta un 20% de los costes laborales brutos (salarios más cotizaciones sociales a cargo del empleador).

Los informes realizados exploran también hipotéticos escenarios alternativos al vigente, en los que las bonificaciones llegan al máximo permitido por la Unión Europea, que es el 20% de los costes laborales brutos (9 y 37 veces más que las ayudas en vigor, para trabajadores en alta después y antes del 1/01/2023, respectivamente) pasando por la exoneración total de la cuota empresarial a la por contingencias comunes a la Seguridad Social (equivalente a un 10,88% del coste laboral total).

Algunas consideraciones finales están indicadas. La primera es que debe darse la bienvenida a que se haya abierto el cauce de la Ayudas de Funcionamiento para apoyar a las empresas y los trabajadores que llevan décadas luchando contra la despoblación y para atraer a nuevas empresas. Pero este cauce admite y exige una mucho mayor intensidad de las ayudas, sin discriminaciones por nuevas altas de trabajadores y sin “efectos frontera” por tamaño de municipio y/o perímetro geográfico.

Si las Ayudas de Funcionamiento debidamente diseñadas acaban siendo eficaces en los territorios para los que se han diseñado, y el modelo se testa adecuadamente, como se indicaba al principio de esta tribuna, cientos de comarcas despobladas en nuestro país podrían beneficiarse de un potente instrumento de lucha contra la despoblación.

(José A. Herce es socio director de Segoviana de Iniciativas Rurales (SIR) S.L. y coordinador del Informe SSPA sobre el Impacto de las Ayudas de Funcionamiento)