López Represa no tiene constancia de que hubiese orden de desalojo

El delegado territorial de la Junta en Soria, Manuel López Represa, aseguró ayer que «no me consta» que la Guardia Civil  «tuviera una orden de desalojo» de la acampada ilegal el viernes 19 de agosto, momento en el que había entre 400 y 500 personas en Pinar Grande. 

 

Represa, que contradijo 24 horas después las declaraciones realizadas por la portavoz popular, Marimar Angulo, en el Pleno municipal del jueves, apuntó que «sí te puedo decir que por parte de la guardería forestal se informó desde un primer momento a los acampados que no podían estar ahí, y se les conminó a que salieran». 

«El desalojo no corresponde a esta administración», apostilló el delegado, que recordó que son la Delegación del Gobierno en Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno en Soria los que «tienen que investigar quién promovió» la macrofiesta ilegal y «quiénes han estado ahí acampados».

En cuanto al conflicto surgido entre el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad los 150 pueblos por la factura de basuras derivada de la acampada ilegal en Pinar Grande, el alcalde capitalino se mostró confiado en que finalmente no surja ningún problema y recordó que «cuando hay una copropiedad cualquier gasto que se genere obviamente debe ser compartido». «En esa línea nunca ha existido ningún problema con la Mancomunidad y creo que no debería haberlo ahora», añadió.

«Había que hacer un trabajo y se ha hecho con celeridad y agilidad y eso supone un coste que deben compartir los titulares de los terrenos del mismo modo que también se comparten los ingresos. No debemos desarrollar una política partidista en este sentido porque creo que las cosas se han hecho como se tenían que hacer y en este caso la limpieza debía de hacerse y el gasto de ese trabajo debe de ser sufragado y compartido por ambos propietarios», explicó.

La factura por la recogida de basuras de la acampada ilegal que reunió en Pinar Grande a 2.000 jóvenes de toda Europa asciende a 3.597 euros. Según explicó la concejal delegada de Medio Ambiente, Ana Calvo, dicha factura corresponde tanto a la empresa que se contrató para adecuar la zona después de la acampada, los contenedores que se colocaron en Pinar Grande y los peones forestales. 

Una factura que según explicó la edil debe ser compartida por los dos titulares del monte ya que «para eso existe un convenio de colaboración». No obstante, el presidente de la Mancomunidad, Julián Diez, se mostró el pasado martes totalmente contrario a asumir la mitad del pago de los 3.597 euros ya que considera que la Mancomunidad «cumplió con su función, informó que lo que ocurría y a partir de ahí no tiene porque asumir el gasto de una acampada ilegal». Díez instó además que sean los identificados de la acampada los que asuman los gastos. «Lo lógico es que los que lo ensuciaron, lo paguen y no nosotros», aseveró.