El derecho de preferencia pone en jaque a empresas de autobuses

El derecho de preferencia que se pone en práctica desde la Junta de Castilla y León a la hora de concesionar el transporte de viajeros está poniendo en jaque la continuidad de empresas del sector en la provincia. Este es el caso de la firma medinense autocares LSP, que ya desde hace seis meses se ha visto obligada a poner a la venta su flota de vehículos, compuesta por cinco microbuses, con capacidades que van desde los 15 a las 33 plazas. El responsable de la firma, Antonio Saavedra, explicó ayer que la situación le llevó también a rescindir los contratos de tres empleados que estaban en plantilla para la conducción de estos vehículos. Despidos a los que se vio abocado tras la retirada de concesiones en el transporte escolar. Y la culpa, el derecho de preferencia, que en sus palabras, prima a las empresas de transporte regular en perjuicio de aquellas que realizan su labor en otros itinerarios alternativos.

«Llevo desde 1987 llevando transporte escolar, hasta este año, que me lo han quitado», relató Saavedra, quien apuntó a las decisiones del Gobierno regional a la hora de efectuar el reparto de las concesiones. «Aquí, como en el resto de la provincia de Soria, al que tiene línea regular le dan todo el transporte de viajeros que hay en la zona», detalló. Una circunstancia que con el tiempo le hizo ver cómo iban bajando sus perspectivas de negocio, ya que aseguró que «hace tres años hacía siete líneas de transporte escolar, me quitaron tres, porque terminó el contrato, y se las dieron a otra empresa, la misma que ahora se ha quedado con las otras cuatro que llevábamos este año».

Inevitablemente, la retirada de las concesiones vino dada a la hora de licitar por ellas. Así, el procedimiento de licitación resulta perjudicial para sus intereses porque según explicó, una vez desde la Junta se conocen las condiciones puestas por el interesado, ésta las comunica a la empresa de transporte regular, cuya contestación siempre es la de apropiarse con el servicio en las mismas condiciones que preconizó en su momento la firma candidata al principio. «La otra empresa dice: ‘¿ cuánto ha metido transporte LSP?’ y le contestan: ‘Tanto’, y al final, ésta dice ‘pues por ese precio me lo quedo yo’», explicó.

Saavedra también aludió a la necesidad de vigilancia oficial, sin el deseo de dañar el negocio de otros, aunque sí refirió tener conocimiento de prácticas habituales como la realización del transporte con otros vehículos no contemplados en la concesión, la velocidad con la que se efectúan los trayectos (afirmando que se superan los 90 kilómetros a la hora) e incluso la demora que en ocasiones se produce en la entrada de los escolares a los colegios de destino una vez se ha realizado el trayecto de ida. «Además de haberme quitado el trabajo que llevaba no voy a dedicar mi tiempo a vigilar, tengo que hacer otras cosas porque de algo tengo que vivir», se lamentó.

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