El precio del gasóleo dispara el gasto en las comunidades de vecinos

Se trata de un gasto fijo al mes que, lejos de reducirse, aumenta cada año. El recibo de «la comunidad» se lleva mensualmente una media de 120 euros, a los que el vecino propietario de la vivienda tiene que hacer frente ‘sí o sí’. En la citada cantidad se incluye muchas veces la calefacción, algo fundamental en una provincia como Soria, con bajas temperaturas durante un largo invierno que suele durar más de tres meses. También otras cuestiones relacionadas con la luz, la jardinería, la limpieza, el ascensor... en los términos que hayan sido acordados. Pero es precisamente la calefacción, y las continuas subidas del precio del gasóleo en los últimos años, lo que ha hecho que el gasto de las comunidades de vecinos aumente. El responsable del Colegio de Administradores de Fincas de Soria, Juan Carlos Barranco, estima que el recibo de una comunidad de vecinos ha subido este año entre un 8 y un 10%, un incremento «normal que la gente suele comprender»,

comenta. 

El ciudadano «intenta economizar lo que puede», pero el precio del combustible, hoy en torno a 90 céntimos el litro, no está en su mano. Así, y pese a la ‘comprensión’ vecinal cuando toca subir la comunidad, hay quien opta por dejar de pagar, asfixiado quizá por la hipoteca, por el resto de gastos, y cuando no por una mala situación laboral que ha trastocado la economía familiar. «El número de morosos ha aumentado mucho», confirma también Barranco, añadiendo que Soria «puede estar por debajo de la media en este aumento, pero también aquí hay más morosos» como consecuencia de la crisis.

Durante el pasado año «los niveles de impago de cuotas soportados por las comunidades de propietarios en 2011 se incrementaron en un 31,2% con respecto al ejercicio anterior, pasando de 1.000 a 1.350 millones de euros. Sólo en la comunidad de Madrid esta deuda sería superior a los 375 millones», según fuentes del Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades de Propietarios, que este verano presentó el primer Informe Nacional sobre Morosidad en comunidades, así como el Observatorio de la Modernidad, una plataforma que nació con el ánimo de ser referencia en la materia.

Asimismo, el informe confirma unas malas perspectivas para el presente año, en el que, según el Observatorio, «no hay ningún indicio que per

mita anticipar el cambio de tendencia». 

El presupuesto de gastos en comunidades es también objeto de estudio en este informe, el cual suscribe que el 54% de las comunidades han reducido su presupuesto para el presente ejercicio. De ese porcentaje, nueve de cada 10 comunidades han mantenido o aumentado las cuotas «por el riesgo de soportar los descubiertos por los vecinos morosos» y por el propio incremento del gasóleo.

Según el Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades de Propietarios el informe distingue diversos grupos de morosos: el 40% son selectivos, el 22%  «morosos profesionales», un 26% de insolventes reales y un colectivo heterogéneo formado por entidades financieras y promotores inmobiliarios, que representa el 12%.

El citado informe del Observatorio de la Morosidad tomó como referencia los datos facilitados por más de 500 administradores de fincas de todo el país que representan a 12.000 comunidades de propietarios, así como de 600 presidentes de comunidades de propietarios de España, según fuentes del Observatorio.

 Además, los pagos por la vía amistosa –antes de llegar al juzgado- se han visto reducidos, «probablemente como consecuencia de la actual situación económica», suscribe el informe. «Cuando llega el caso y se judicializa es porque la junta de propietarios acuerda demandar judicialmente al deudor moroso», concluye el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Soria. 

En cuanto a la tipología de morosos, el estudio suscribe que «se mantiene en los términos planteados en el primer informe del Observatorio de la Morosidad, realizado exclusivamente para la Comunidad de Madrid: el 40% de los morosos son selectivos, el 22% ‘morosos profesionales’, un 26% de insolventes reales y un colectivo heterogéneo formado por entidades financieras y promotores inmobiliarios, que representa el 12%», cifras que pueden extrapolarse.