El Ministerio propone que la capital y Golmayo asuman 21,5ME de las obras

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente remitió ayer la adenda al convenio de la depuradora a los ayuntamientos implicados en el proyecto. Un documento que confirma los peores pronósticos para las cuentas municipales ya que fija una aportación de 21.570.000 euros para los ayuntamientos, en la que no se incluyen los importes correspondientes a los gastos financieros asociados del préstamo que, en su caso, se suscriba, así como tampoco los importes correspondientes a la actualización de los fondos propios invertidos por la Sociedad Estatal Acuaes.

De esta manera, se confirman los temores manifestados por los alcaldes de Soria y Golmayo al pasar de una aportación inicial de 7 millones de euros a más de 21, a los que habrá que sumar luego los intereses, de ahí que se pueda llegar a los 25 millones a los que ha aludido Carlos Martínez Mínguez en las últimas semanas. Por su parte, los fondos europeos financiarían 28.430.000 euros del proyecto.

La adenda remitida por el Ministerio, y a la que ha tenido acceso este periódico, confirma además que serán los vecinos de Soria y Golmayo los que asuman buena parte del coste de la obra. El documento incluye un cuadro de ingresos por tasas donde se recoge que el total de la tarifa a girar a los usuarios asciende a 41.190.620 euros de un proyecto cuyo coste total es de 50.000.000 euros. Una cantidad que los vecinos empezarán a pagar en el año 2018 y terminarán en 2057.

En cuanto a las condiciones de financiación y la forma de pago, la adenda divide el proyecto en dos partes: por un lado la planta, con un coste de 16,5 millones, y por otro el túnel y los colectores con un precio estimado de 33,5 millones.

Respecto a la depuradora, el documento no ofrece novedades en cuanto a los porcentajes de financiación (80-20%) pero sí que pone de manifiesto que 1,9 millones de los 16,5 no serán elegibles en el periodo 2007-13.

Sobre el túnel y los emisarios, la adenda confirma la financiación al 50% de Europa y al otro 50% de los ayuntamientos. En concreto, establece que el 50% del coste del importe neto subvencionable será asumido por Acuaes, con cargo a subvenciones de los fondos europeos del periodo de programación 2014-20 con un límite máximo de 16.750.000 euros.

Además, el resto de la financiación se completará con cargo a los recursos propios de Acuaes, hasta un importe máximo de 10 millones, si bien dicha cantidad será recuperada de forma actualizada de los ayuntamientos usuarios mediante tarifas durante un periodo máximo de 40 años a contar desde el inicio de la explotación.

El resto de la inversión se completará con financiación procedente de entidades financieras o de los usuarios directamente. En este sentido, la adenda establece que durante los primeros 25 años Acuaes recuperará de los usuarios, vía tarifas, el préstamo si lo hubiese y los gastos financieros asociados al mismo. En consecuencia, señala que serán de cuenta exclusiva de los referidos ayuntamientos todas las cantidades incluidas en el coste total de la inversión que no pudieran ser financiadas con los referidos fondos europeos.

Unas condiciones de financiación que hacen difícil a los ayuntamientos poder firmar la adenda al convenio de la depuradora.

El documento redactado por el Ministerio recoge además un punto bastante significativo en el que hace alusión al inicio de las obras. El texto dice que «con carácter previo a la adjudicación del contrato de ejecución de obras, Acuaes deberá formalizar con los usuarios (privados o públicos) interesados en la actuación, acuerdos o convenios específicos en virtud de los cuales se comprometan al pago de las tarifas para la recuperación de la inversión que se fije en el adicional de este convenio, así como la cobertura total de los gastos de explotación y conservación de la infraestructura hidráulica y gastos propios de la Sociedad Estatal».

 

En cuanto a los plazos, la adenda recoge también una previsión de inicio de las obras en diciembre de este año y de finalización en mayo de 2016, excediendo así en cinco meses el plazo de justificación de los fondos europeos. Esta planificación choca también con la adjudicación de la planta, que fijaba un periodo de ejecución de 20 meses frente a los 17 que plantea la adenda.