Empieza el juicio por la quiebra de Caja Castilla la Mancha

La Audiencia Nacional juzgará desde hoy martes al expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de dos años y medio de cárcel por un delito societario, al considerar que ambos llevaron a cabo "una maniobra contable" para que los estados financieros de la caja reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas.

El Ministerio Público no acusa a los dos ex directivos del delito de administración desleal por el que el juez Pablo Ruz les investigó ni reclama responsabilidades civiles. Eso sí, solicita que los procesados sean inhabilitados para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero durante el tiempo de la condena.

RESCATE DE 9000 MILLONES

Caja Castilla La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

Anticorrupción señala que el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".

En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como "ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados", que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.

"Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe", señala el escrito de acusación antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban "un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros".

En relación con la calificación de créditos, el fiscal apunta que existía "un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos".

De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados.