La diócesis de Osma-Soria activa el plan antipederastia

 La diócesis de Osma-Soria exigirá desde mañana jueves como requisito indispensable el popularmente conocido como certificado antipederastia para realizar contrataciones. Es decir, que no se contratará a ningún profesional o voluntarios para sus parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas en las que se incluyan tareas pastorales que conlleven estar en contacto con niños o jóvenes.

De este modo, cualquier aspirante a un empleo, desde sacerdotes a seglares, deberán de haber obtenido el Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, algo que cita abundantemente Gabriel Ángel Rodríguez Millán, administrador diocesano de Osma-Soria, quien recuerda en un documento emitido a finales de agosto y al que ha tenido acceso DIARIO DE SORIA EL MUNDO la pertinencia de esta exigencia tras la aprobación de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, por la que es obligatorio acreditar que todas las personas que mantienen contacto habitual con menores no han sido condenadas con sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual.

Cabe recordar que esta normativa, que ahora se asume también desde el ámbito religioso local, es de aplicación para todas las actividades en las que estén inmersos menores de edad, adolescentes y jóvenes, con edades entre los 0 y los 17 años. Como es natural, también incumbe a las actividades que se realizan en las parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas.

Entre otros, afectará a monitores de esparcimiento, catequistas, voluntarios y profesionales de la diócesis que tengan contacto habitual con menores, un amplio espectro de personal que deberá de asumir la acreditación.

Tras esta decisión, todo el personal vinculado tiene que obtener y presentar ante el Obispado «la correspondiente certificación negativa del Registro central de delincuentes sexuales para poder seguir ejerciendo el ministerio, servicio o colaboración que viene realizando hasta el presente», indica Rodríguez Millán.

Asimismo informa que se «creará un archivo específico para el caso que nos ocupa en la Cancillería del Obispado, así como en cada institución dependiente de la diócesis [curia diocesana, parroquias, seminario, delegaciones, Cáritas, asociaciones, movimientos o, entre otros, institutos religiosos]. En el archivo de la Consejería se depositará el original de la certificación y en los archivos de cada institución una copia de la documentación.

Esta obligación documental será obligatoria desde mañana para los nuevos trabajadores. Por contra, las personas que ya están vinculadas a la diócesis tendrán un plazo extra para acreditar su situación, dado que el límite temporal que tienen para presentar la correspondiente certificación finalizará dentro de dos meses y medio, el 30 de noviembre de este 2016.

De cara a poder cubrir este procedimiento se expone que se podrá hacer de modo individual, dirigiéndose a la Subdelegación del Gobierno en Soria, llevando la preceptiva solicitud y la extensa documentación requerida a este efecto. O, en su defecto, de modo colectivo, mediante una autorización precisa al representante del organismo del que se trate. En este caso también será necesario el aporte de los distintos documentos oficiales.

El administrador diocesano incorpora en el último punto de su comunicado una variable que es capital. En el caso de que el certificado del registro de delincuentes sexuales facilitado por alguna de las personas constase una condena por sentencia firme, por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, «tales personas no podrán en ningún caso desarrollar actividades dependientes de la diócesis de Osma-Soria que tengan o puedan tener trato habitual con menores de edad».

A partir de aquí, en terreno muy resbaladizo ya, Rodríguez Millán apunta que entonces «con delicadeza y en privado» se comunicará a la persona implicada que no puede seguir desarrollando «la tarea que estuviese llevando a cabo hasta ese momento».

 La apelación que queda en negro sobre blanco sobre el trato discreto y en privado de los eventuales casos que se pudieran dar de personas que contasen con una condena en firme no es el único aspecto ‘vidrioso’ que contiene el documento emitido por Rodríguez Millán, toda vez que este argumentario concluye advirtiendo,a modo de remate, que «hemos de tener en cuenta la responsabilidad civil subsidiaria que podría exigirse a la diócesis por delitos cometidos por personas que realizan actividades en su ámbito». Esta línea estratégica resulta particularmente llamativa y más en contacto con material tan sensible.