La petición de certificados antipederastia se ‘dispara’

 Septiembre se ha cerrado con el récord histórico de solicitudes para obtener el certificado antipederastia en la provincia de Soria. Solo durante el mes que acaba de cerrar la Subdelegación del Gobierno en la provincia ha tramitado un total de 211 peticiones, formuladas para conseguir hacerse con el preceptivo certificado de antecedentes penales.

Este importante pico, especialmente llamativo en la recta final del mes, se ha producido en coincidencia con el requerimiento hecho por la diócesis de Osma-Soria de este certificado antipederastia para ‘confirmar’ cualquier tipo de nueva contratación, siendo requisito indispensable para profesionales o voluntarios y efectivo para parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas en las que se incluyan tareas pastorales que conllevasen estar en contacto con niños o jóvenes.

Estos cientos de expedientes indispensables, dado que en ellos se especifica de modo fehaciente que el solicitante no ha sido condenado por delitos de naturaleza sexual, afectan por igual al ámbito laico y al religioso «o de cualquier otro tipo», se matiza desde la Subdelegación, donde no constan epígrafes concretos con ningún tipo de discriminación estadística por tipo de confesión.

El repunte de septiembre es especialmente significativo si se tiene en cuenta que en un solo mes se han certificado más expedientes que con la suma de los requeridos durante todo el primer semestre del año. Tanto es así que más de un tercio de las 612 habidas durante este 2016 se han producido durante las últimas semanas. El comportamiento estival ha sido completamente diferente al del año pasado «porque entonces el ritmo venía siendo de una o ninguna al mes», se específica.

En concreto, la cadencia de la provincia refleja la existencia de 5 tramitaciones en enero, 4 en febrero, 10 en marzo, 65 en mayo, 119 en junio, 119 en julio, 89 en agosto, a pesar de su fama de mes presuntamente inhábil, y las 211 referidas que se corresponden con el mes de septiembre. Del total de solicitudes se puede deducir que 7 de cada 10 se han formalizado durante el periodo vacacional.

Como es conocido, la entrada en vigor del Registro Central de Delincuentes Sexuales el 1 de marzo de 2016, pretende facilitar a los ciudadanos que ejercen profesiones en contacto con menores la obtención de un certificado de antecedentes penales específicos.

El objetivo es proteger a los niños de agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países y a su vez, favorecer la cooperación policial internacional contra estos delitos.

Cabe recordar que esta normativa, que ahora se ha asumido también desde el ámbito religioso local, es de aplicación para todas las actividades en las que estén inmersos menores de edad, adolescentes y jóvenes, con edades entre los 0 y los 17 años.

En cualquier caso, la Consejería de Educación en su momento ya dio instrucciones a las direcciones provinciales para que los directores de los colegios e institutos les dijeran a sus compañeros docentes que autorizaran a la Junta a pedir el certificado por ellos. Es decir, que los centros o las empresas solicitaran en nombre de los profesores este certificado con lo cual no se tenían que molestar en pedirlo presencialmente.

La Subdelegación del Gobierno, por su parte, remite, según recibe las peticiones, a través de una aplicación informática «bien a la Gerencia de Justicia de Burgos, de la que dependemos, o directamente al Ministerio de Justicia en Madrid. El resultado es el mismo: desde Burgos o Madrid remiten al interesado su certificado», por lo que «no podemos saber si hay algún caso de persona que solicita el certificado y en él figura que tiene antecedentes penales por este tipo de delitos», se admite desde Soria.

La diócesis de Osma-Soria, tal y como adelantó DIARIO DE SORIA EL MUNDO, exige desde el pasado jueves 15 de septiembre el llamado certificado antipederastia para hacer nuevas contrataciones. De este modo, y desde esta fecha, cualquier aspirante a un empleo bajo esta jurisdicción, desde sacerdotes a seglares, deben de estar en posesión del Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, acreditando que no han sido condenadas con sentencia firme por algún delito de naturaleza sexual.

Sin embargo, los ‘contratos’ en vigor, cuentan con un tiempo extra para hacer lo propio. La fecha fijada es el 30 de noviembre y el procedimiento que se utilizará de modo mayoritario es la presentación colectiva desde distintas instancias y parroquias, según ha podido confirmar este periódico ayer mismo.

Es por ello que tras el 30-N se espera otra ‘avalancha’ que, entre otros, afectará a sacerdotes, monitores de esparcimiento, catequistas, voluntarios y profesionales de la diócesis que tienen ya contacto habitual con menores, un amplio espectro de personal que deberá de asumir la nueva legislación.