Voto unánime para ‘armar’ un grupo anti-despoblación

 Las Cortes de Castilla y León instarán al futuro Gobierno de España a incluir «de manera expresa» en las negociaciones con la UE la necesidad de incorporar «fondos adicionales» y «medidas específicas» para Soria, dentro del próximo marco financiero, a aplicar entre 2020-2026, con la pretensión de revertir el galopante proceso de despoblación de la provincia y también de Cuenca y Teruel, territorios igualmente contemplados en el acuerdo tomado por unanimidad «por sus tasas de despoblación análogas», tras una PNL inicial defendida por Podemos, que concluyó en forma de enmienda del PP.

De este modo, la Junta de Castilla y León cuenta con el respaldo suficiente para establecer contacto preferente con Castilla-La Mancha y Aragón, dejando la puerta abierta a ampliar su radio de colaboración a La Rioja y Valencia, que también cuenta con zonas despobladas que se pueden poner bajo el mismo paraguas reivindicativo, unificando así los procesos de colaboración y gestión precisos para la consecución de los objetivos propuestos.

Este acuerdo, que supone un apoyo adicional al Plan de Dinamización de la provincia, auténtica columna vertebral para sujetar la lucha contra la despoblación, demuestra que esta demanda de la sociedad soriana y de sus agentes ha ido ganando peso en el conjunto de la región. Tanto es así que ayer ya se pudo oír hablar sin tapujo alguno de Soria como la provincia «más vulnerable» de Castilla yLeón.

Con todo, la unanimidad alcanzada ayer en Valladolid no escondió, sin embargo, los diferentes planteamientos y las distintas interpretaciones existentes por parte de las distintas formaciones políticas, que quedaron evidenciados en las diferentes intervenciones que se sucedieron durante toda la sesión.

La secuencia del acuerdo comenzó con la supresión por parte de Podemos de la consideración de territorio Sespa, reclamado inicialmente para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Esta ‘retirada’ se produjo tras la indicación efectuada por el secretario general del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien advirtió que se estaba ante «un concepto no jurídico, de forma estricta, que no genera derechos ante la UE». Pablo Fernández, en declaraciones a este periódico, admitió que este paso se había dado en «aras de conseguir un mayor consenso y porque algunos grupos no veían el concepto suficientemente claro».

«No es el vehículo para la captación de fondos», interpretó De la Hoz, quien ha apelado a dos vías, la del Reglamento de los fondos de la UE que se aplica ahora o la de las disposiciones adicionales por la que reciben fondos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Durante el debate parlamentario la socialista Virginia Barcones censuró la labor histórica de la Administración regional , dado que, en su opinión, sus políticas «han acrecentado la brecha demográfica existente entre las nueve provincias con una Agenda para la Población con las «hojas en blanco».

Barcones recordó, como ha venido haciendo en fechas anteriores, que Soria sólo ha recibido migajas de los fondos destinados a la lucha contra la despoblación por parte de la Junta, razón por la que aseguró el PSOE seguirá vigilante para que se cumpla, ya en los presupuestos de 2017, con la parte del león del plan deDinamización por importe de 80 millones de euros.

Ciudadanos, a través de su procurador David Castaño, también se adhirió a la propuesta, advirtiendo que «se trata de sumar y nunca de restar». Finalmente por parte de IU, José Sarrión, su portavoz, manifestó que su formación ya ha demostrado su posición con anterioridad, tanto en las Cortes como en el propio Congreso de los Diputados, por lo que ha considerado que el camino «ya está andado».