Toxo y Álvarez defienden en el Congreso la prestación mínima para paliar la pobreza

Todos los grupos parlamentarios han apoyado esta tarde la tramitación de la iniciativa legislativa popular para establecer una prestación de ingresos mínimos (PIM), promovida por CCOO y UGT, que ahora se transformará en proposición de ley y se llevará al Pleno del Congreso de los Diputados para su toma en consideración.

Los líderes sindicales Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez han defendió la propuesta en la comisión de Empleo de la Cámara Baja como una obligación del Estado para con las personas que están en riesgo de exclusión ya que las dos reformas laborales han dejado un mercado laboral en el que ha aumentado la pobreza al tiempo que ha reducido las prestaciones sociales.

Casi dos años han estado las centrales recogiendo firmas (en total cerca de 700.000) y superando las trabas administrativas para presentar esta iniciativa que se concretó en la pasada primavera.

BENEFICIARIOS

La propuesta va dirigida a asegurar una renta a todos aquellos que han perdido las prestaciones, ayudas o subsidios por falta de empleo y por ser parados de larga duración. Se consideraría beneficiario todo aquel que tuviera rentas inferiores al 75% del salario mínimo y que los sindicatos cifran entre 2,1 y 2,4 millones de personas, de las cuales la inmensa mayoría (algo menos de 1,5 millones) son mujeres y entre 700.000 y 900.000 hombres.

Se financiaría con cargo a los Presupuestos generales del Estado y se gestionaría por los servicios estatales de empleo (SEPE), una cuestión que suscita las reservas de los diputados nacionalistas del PNV y de PDdeCat que, no obstante, la apoyan.

Asimismo no estaría condicionada a disponibilidades presupuestarias ni vinculada a las circunstancias personales o sociales del beneficiario, tendría carácter no contributivo y sería un  derecho subjetivo, esto es, que nadie la podría suprimir y en caso de que así fuera, sería reclamable ante los tribunales.

“Rescatar las autopistas es casi el 50% del coste de la PIM”, ha afirmado Pepe Álvarez.

Tanto el líder de UGT como el de CCOO han defendió esta prestación como un "último recurso de supervivencia" ya que la crisis ha ampliado la brecha de la desigualdad y ha incorporado a esta a una buena cantidad de jóvenes menores de 16 años.

Para limar las suspicacias que suscita en los grupos nacionalistas que reclaman la competencia exclusiva en los servicios de empleo y las prestaciones de la Seguridad Social, los sindicatos consideran que esta prestación debería tener considerarse no contributiva.

Para evitar el rechazo de PP y Ciudadanos, que en la reunión de la comisión de Empleo han recordado el ajuste presupuestario por el cumplimiento del déficit, Toxo y Álvarez ha reiterado que con una política fiscal distinta y más distributiva se haría frente a la financiación necesaria de esta medida que supone algo más de un punto del producto interior bruto (PIB), unos 12.000 millones de euros, según cálculos sindicales.