Hacienda no ve infracción en el caso del interventor

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cierra de forma definitiva el llamado ‘caso del interventor’. A finales del mes de diciembre, el Ayuntamiento recibió sendas comunicaciones del Ministerio y de la Junta, en las que se traslada que tras las investigaciones pertinentes no se ha acreditado que el funcionario municipal cometiera infracción alguna en su relación con la empresa Avanza. Esta decisión se suma a la ya conocida del juzgado que sobreseyó la denuncia de la empresa el pasado 12 de septiembre.

El inicio del caso se remonta al mes de julio cuando la empresa Avanza, adjudicataria del servicio de transporte urbano de Soria, presentó una denuncia ante el Juzgado de Soria en el que indicaba que López Navarro podría haber cometido un delito de cohecho tras solicitar al responsable de la empresa en Soria dos préstamos personales de 2.000 y 25.0000 euros.

A principios del mes de septiembre la empresa pone en conocimiento del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, la existencia de la denuncia. Esa comunicación se produce el mismo día que el interventor presta declaración ante el juez. Después de esa declaración el magistrado decretó el sobreseimiento del caso.

De forma paralela al ámbito judicial, desde el Ayuntamiento, nada más conocer la denuncia, se encarga un informe a los servicios jurídicos saber qué pasos tenía que dar el Consistorio ante un asunto tan delicado. En cuanto el informe jurídico estuvo en manos del equipo de Gobierno se dio información al resto de los grupos del Ayuntamiento y se remitió un oficio a la Junta de Castilla y León ya que se consideraba que el interventor podría haber incurrido en una falta grave y en ese caso es la administración autonómica la que tiene la competencia para tratar este tipo de casos.

A mediados del mes de octubre el Ayuntamiento recibió una comunicación por parte de la Junta de Castilla y León en el que se informaba que los hechos, en caso de probarse, serían constitutivos de una falta muy grave por lo que el expediente deberá ser abordado por una instancia superior, en este caso, el Ministerio. Desde el Ayuntamiento explicaron en aquel momento que el Ministerio ha recibido toda la información referente al caso que obraba en manos municipales.

Según el escrito remitido desde Hacienda la Ayuntamiento, la primera documentación sobre el caso llegó a manos de la Subdirección general de Relaciones con otras Administraciones que depende de la Dirección General de Función Pública el pasado 10 de octubre de 2016. Ya el 7 de noviembre fue cuando el Ministerio recibió la documentación sobre la denuncia y el auto del juzgado de Soria en el que se decreta el archivo de las actuaciones.

El escrito de Hacienda concluye explicando que «en virtud de ellos, se constata que tras la práctica de las diligencias de investigación correspondientes, no ha quedado acreditada la comisión de conducta infractora por el funcionario denunciados, por lo que desde esta Dirección General se procede a la devolución de la documentación remitida a los efectos que procedan.