Proyecto
Diputación estudia asumir la videovigilancia en el ámbito rural
Almazán ha conseguido resolución favorable para instalar cámaras de control en su polígono
Los destrozos y robos se han multiplicado e los pueblos.-Valentín Guisande
La Diputación de Soria se encuentra evaluando la posibilidad de dar un paso al frente, pionero a nivel nacional, de cara a asumir labores de viodeovigilancia en el ámbito rural, como modo de poner freno a la torrentera de robos y asaltos en los municipios de la provincia.
Este nuevo escenario que «ya está en siendo estudiado por los servicios técnicos y que ya es conocido por el presidente de la Diputación, [Luis Rey]», fue desvelado a este periódico por José Antonio de Miguel, alcalde de Almazán y diputado provincial, como opción posible para poder ‘albergar’ bajo un mismo paraguas al conjunto de municipios de la provincia que, al carecer de los efectivos de seguridad necesarios así como de las posibilidades económicas y legislativas que requeriría una solución de estas características, encontrarían acomodo bajo esta singular propuesta.
El asunto, que en absoluto está en una fase embrionaria en cuanto a su planteamiento, tendría que buscar encaje «dentro, por ejemplo, del Plan Soria» como fórmula «menos onerosa» en su desarrollo inicial. En este sentido, De Miguel esbozó la posibilidad de poder aprovechar el cambio de alumbrado en los municipios como la oportunidad perfecta que permitiría la instalación «de farolas inteligentes» con habilitación para algún tipo legal de videovigilancia. Con posterioridad, el mantenimiento «se tendría que hacer por medio de alguna pequeña tasa».
En cuanto a la obligatoriedad del control y custodia de las imágenes por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado apuntó que se podría hacer de modo remoto en dependencias de la propia Diputación.
De Miguel entiende que la idea es vital «y necesaria» dado que «los robos se producen con total impunidad un día sí y otro casi también, porque los pueblos en invierno están prácticamente deshabitados, lo que hará que puedan dar un salto y pasar de ser pequeños a ser de otro tipo. Yo tengo temor a que el próximo paso pudiera ser la maquinaria agrícola, con el daño que esto supone», enfatizó.
De Miguel, que conoce la importancia de esta lucha, ha conseguido que Almazán, al segundo intento, haya conseguido una resolución favorable de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, órgano que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para poder colocar videovigilancia en algunas calles del polígono industrial de este municipio, siempre y cuando el control de esas imágenes sea realizado exclusivamente por la Policía Local de Almazán, que es considerada una Fuerza y Cuerpo de Seguridad.
El proceso de instalación que está muy avanzado y próximo a concluir arrancó hace poco más de un mes, cuando se evacuó copia de la resolución a la Subdelegación del Gobierno en Soria, quien se encargó de la tramitación del proceso.
Esta respuesta positiva se produjo después de que la anterior acción solicitada salvase las trabas estipuladas en la Ley de Seguridad Privada, sin cabida a otras pretensiones». Ahora, con arreglo a la ley orgánica por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, la Comisión de Garantías de la Videovigilancia considera que sí se pueden utilizar cámaras si la Policía Local gestiona esas imágenes.
Con respecto a alguna alternativa de seguridad privada, al margen de la videovigilancia, se podría contemplar el artículo que se refiere a la vigilancia discontinua en la nueva Ley de Seguridad Privada, la 5/2014. En ella se indica que los vigilantes de seguridad, con carácter general, desempeñarán sus funciones en el interior de los edificios. Pero podrán prestar el servicio fuera de estos espacios, incluso en vías o espacios públicos o de uso común, en el caso, de acuerdo con el punto «e», de «los servicios de ronda o de vigilancia discontinua, consistentes en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección».
El asunto de la videovigilancia volvió a colocarse bajo el foco de la actualidad hace un par de semanas, cuando un nuevo robo en el ámbito rural, en la localidad de Valderrodilla, hizo que Carmelo Gómez, su alcalde, clamase para que los responsables políticos en esta materia procedieran a dar los pasos oportunos para incrementar la seguridad en los municipios de la provincia por lo que pidió que se determinase si era posible «dar encaje» dentro del marco legal a la instalación de cámaras de seguridad en puntos sensibles, al estilo de las que se utilizan en las ciudades para el control del tráfico, con la intención de que puedan servir como elemento disuasorio para la acción de los delincuentes que actúan con total impunidad en el ámbito más rural.
El último robo denunciado en Valderrodilla, al que han seguido otros, consiguió reactivar la petición de videovigilancia para la pueblos más remotos de la provincia. Sin embargo, más de lo mismo, solo llovía sobre mojado. Tanto es así que, según reconocen desde la propia Subdelegación del Gobierno en Soria, «hace cuatro o cinco años se recibió alguna otra petición de ayuntamientos de Soria que se informaron negativamente». Entre ellas, la de Peñalba de San Esteban. En el último año, se han recibido dos peticiones adicionales: la de Almazán y otra más de Noviercas, que está pendiente del informe del Cuerpo Nacional de Policía, aunque al no contar con fuerzas de seguridad se prevé negativa.
La esencia del problema está en la colisión de dos derechos fundamentales: El derecho a la intimidad y el derecho a la seguridad. En este sentido, la Agencia de Protección de Datos es muy restrictiva.