El sector automovilístico alemán logra rebajar las exigencias medioambientales de la UE

Alemania acoge esta semana la Convención Climática (COP23). Pero mientras en Bonn se debaten medidas para combatir el cambio climático, en Bruselas el poderoso sector automovilístico alemán ha conseguido una victoria que va en la dirección opuesta. Tras meses de negociaciones y presión, los lobis de la industria del motor han conseguido suavizar las exigencias medioambientales propuestas por la Unión Europea (UE). Así, en la normativa presentada por la Comisión Europea (CE) este miércoles se exige reducir el límite máximo de emisiones de CO2 por kilómetro un 15% en el 2025 (80 gramos) y un 30% en el 2030 (66,5), comparado con el nivel del 2021. Según ha apuntado el ‘Süddeutsche Zeitung’, la propuesta inicial apuntaba a un objetivo más ambicioso del 25% para el 2025 y del 35% para el 2030. El límite actual, fijado en 2014, se establecía en 95 gramos de CO2 por kilómetro.

El diario muniqués añade que esa rebaja se produjo después que el principal lobista del sector automovilístico alemán, Matthias Wissmann, hablase por teléfono con el jefe de gabinete del presidente de la CE Jean-Claude Juncker, algo que este niega. Antes, el ministro de Exteriores alemán en funciones y exlíder socialdemócrata Sigmar Gabriel mandó una carta a Juncker advirtiendo contra cualquier reforma estricta.

Más sanciones

A pesar de ser menos ambiciosa de lo esperado, esta nueva regulación de Bruselas también supone un golpe para la industria del automóvil, ya que prevé un endurecimiento de la legislación para sancionar a aquellas compañías automovilísticas que vulneren las normas. Así, se penalizará con 95 euros por cada gramo de CO2 que supere el límite fijado y por cada nuevo vehículo registrado. Con esto se pretende advertir a la industria del motor y evitar que se repitan casos de fraude masivo como el conocido ‘Dieselgate’.

Ese escándalo, en el que grandes empresas como las alemanas Volkswagen y Daimler trucaron sus vehículos para esquivar los controles y superar el límite de emisiones contaminantes permitidas, puso al automóvil germánico en la picota. Hasta 399.000 europeos murieron en el 2014 a causa del impacto de la contaminación, según apunta la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Más de dos años después de que se destapase su caso, el fabricante de Wolfsburgo ha presionado reiteradamente y ha "intervenido" en las altas esferas contra el endurecimiento de la normativa medioambiental. El ‘Süddeutsche Zeitung’ asegura que Volkswagen habría contactado directamente con el comisario europeo de presupuesto, el alemán Günther Oettinger, y los de ampliación y investigación e innovación. También se sospecha de haber presionado a los comisarios de España, República Checa y Hungría, países estratégicos para la compañía.

Inversión en eléctricos

Además de endurecer los límites de emisiones contaminantes, el plan de Bruselas también incluye inversiones públicas e incentivos para ayudar a la industria automovilística en su transición hacia la creación de vehículos eléctricos y otros menos nocivos como los híbridos. Así, se invertirán hasta 1.000 millones de euros en ese proceso. Hasta 800 millones, de los cuales 350 provienen del presupuesto comunitario, serán destinados a crear más cargadores eléctricos públicos mientras que otros 200 millones irán para I+D para mejorar las baterías de estos vehículos. El primer borrador apuntaba a que para el 2030 un 20% de los modelos deben ser eléctricos y un 10% híbridos. En el este, China e India amenazan con destronar el liderazgo europeo.

Bruselas ha evidenciado su posición como corazón de la Europa burocrática y legislativa pero también se ha convertido en la capital continental de estos grupos empresariales que presionan a los políticos para que la legislación beneficie sus intereses corporativos. El lobi del automóvil es, como se ha podido comprobar, uno de los más fuertes. Tras unos años de preocupante flaqueo, Alemania va en camino de incumplir sus objetivos de reducción de emisiones contaminantes para el 2020 que proponen un recorte del 40%.