Bruselas cuestiona los 440 millones en ayudas públicas de España a centrales de carbón

La Comisión Europea considera que los 440 millones de euros en subvenciones concedidas desde 2007 por España para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes podría vulnerar la normativa europea sobre ayudas de Estado. La comisaria de competencia, Margrethe Vestager ha decidido abrir una investigación en profundidad considera que hay elementos que apuntan a una vulneración de las reglas y ha decidido abrir una investigación en profundidad.

“Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal”, ha explicado Vestager a través de un comunicado. 

El régimen en cuestión se puso en marcha en el año 2007. Las autoridades españolas introdujeron este esquema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón existentes. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años, es decir, 8 750 euros por megavatio al año.

España no notificó el régimen 

El Gobierno español, por aquel entonces con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, no notificó el nuevo régimen al que se han acogido desde su creación 14 centrales de carbón y que han recibido más de 440 millones en ayudas públicas, con pagos que continuarán hasta 2020. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de su responsabilidad de cumplir con las normas de medioambiente utilizando dinero del contribuyente porque supondría vulnerar el principio de quien contamina paga y conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal.

La Comisión proseguirá ahora su investigación para determinar si sus dudas iniciales están justificadas. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a España y a los terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin perjuicio del resultado de la investigación.