El alquiler de viviendas en los pueblos se duplica desde 2005

Aunque en los años de crisis económica el alquiler se convirtió en una opción de peso principalmente por el bloqueo de los préstamos hipotecarios, lo cierto es que Soria está muy por debajo de las cifras nacionales. Así, mientras el porcentaje de ciudadanos que han optado por el arrendamiento frente a la compra de una vivienda se sitúa de media nacional en torno al 30% frente a un 70% de quienes optaron por comprar casa, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia apenas llega al 13%, ya que tradicionalmente Soria ha sido de propietarios. Según la Cámara de la Propiedad Urbana de Soria el año pasado se registraron 600 contratos de arrendamientos de viviendas, 468 en la capital y el resto, 132 en la provincia, una cifra que vuelve a niveles de antes de la situación de crisis, pero sobre todo por el incremento de los alquileres en los pueblos, que prácticamente se ha duplicado desde 2005, cuando se firmaron 73 contratos. La opción de marcharse a vivir al medio rural como fórmula para salir del estrangulamiento económico y apostar por el autoempleo ha sido uno de los alicientes durante estos años, pero también precisamente por la crisis «se ha abierto algo» el mercado en los pueblos para conseguir unos ingresos extra por alquilar propiedades vacías para inquilinos que buscan una segunda residencia para los periodos vacacionales, según explican fuentes esta asociación, de interés social sin ánimo de lucro, que trabaja a nivel provincial para defender los intereses de los propietarios de las fincas urbanas. Según la secretaria de la entidad cameral, Nieves Alcalde, estas cifras obedecen a que los sorianos hacen más sus deberes que antes, en el sentido de que registran los contratos de arrendamiento que hacen efectivos en cumplimiento con la legislación vigente, algo que antes, «era mucho menos habitual».

La Cámara registró durante todo el año pasado, un total de 731 arrendamientos de fincas urbanas (131 locales y 600 viviendas), lo que supone la mejor cifra desde el año 2010, según los datos facilitados por la entidad. La capital sigue copando tres de cada cuatro contratos de alquiler, con 468 arrendamientos de viviendas y 89 de locales, mientras que el resto de la provincia sumó 174, 132 de viviendas y 42 de locales.

La cifra global supone un incremento de casi un centenar de contratos más que en 2005, antes de la crisis, casi un 15%. Alcalde señala que «el incremento por sí mismo no es significativo porque no hay más bolsa de alquiler, sino porque se ha registrado más movimiento; es decir, en un mismo año se pueden realizar hasta tres ó más contratos de una sola vivienda. La estabilidad que había antes de alquileres a largo plazo ya no existe».

Y es que la duración de los contratos de arrendamiento ha menguado de forma considerable. La ley, en principio, marca un máximo de cinco años, pero «hoy en día es muy raro encontrar un alquiler así», apunta la secretaria de la Cámara de la Propiedad Urbana, que se exceda ese período, ya que el inquilino, en este sentido, tiene más movilidad y suele ejercerla.

A su vez, más del 75% de las viviendas alquiladas a través de la Cámara, fueron en la capital, con 468 frente a 132 firmados en los pueblos, si bien los locales experimentaron un considerable repunte con respecto al año anterior en el medio rural, pasando de los 17 contratos en 2016 a los 42 del año pasado, la mitad de los rubricados en la capital, 89. En total el año pasado fueron 131 arendamientos de locales, 18 más que en 2016, cuando se firmaron 113, lo que supone un incremento del 15%. Pero lo cierto es que mientras en la capital la cifra descendió, pasando de los 96 contratos en 2016 a los 89, en la provincia se triplicó, dado que en 2016 se registraron 17 y el año pasado, 42.

El precio medio por la renta del piso en alquiler se sitúa entre los 450 y los 500 euros, que se incrementa hasta los 600 euros si se incluye la comunidad. No obstante, esto debe ir muy bien especificado en el contrato, o bien el gasto en total o lo que supone de forma mensual. Una cuantía que se ha estancado en los años de la crisis, dado que diez años atrás, según constató la secretaria de la entidad cameral.

Un mes de fianza

Depositar la fianza del alquiler en la Cámara de la Propiedad es un requisito imprescindible. Así lo indica el artículo 36 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994 de 24 de noviembre), que establece que será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico al tiempo de la celebración del contrato, en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el caso de viviendas, o dos mensualidades si es arrendamiento de uso distinto a vivienda (local o negocio). La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 173 de 7 de septiembre de 2010), en vigor desde el día 8 de septiembre de 2010, regula la obligatoriedad por parte de los arrendadores y subarrendadores de depositar a disposición de la Administración de la Comunidad el importe de las citadas fianzas. La existencia de fianza supone una garantía para el arrendador del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato (como regla general, desperfectos en la vivienda).

El depósito ha de realizarse en el plazo de un mes desde la formalización del contrato en las oficinas de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, donde podrá dirigirse para recibir información sobre la forma más adecuada de llevarlo a cabo.

Nieves Alcalde constata que «en otras ciudades donde hay más inseguridad en las garantías de los arrendamientos se pide dos meses, pero aquí funciona bien con un mes, tal y como indica la legislación».