El fiscal reclama 13 años de prisión para el expresidente de La Seda

El expresidente de La Seda, Rafael Español, se ha sentado este martes de nuevo en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Barcelona por la presunta estafa y apropiación indebida cometida en la simulación de dos contratos de préstamo a una sociedad dirigida por otros investigados  para el supuesto desvío de más de 18 millones de euros. Es la tercera vez que el exalto directivo de la compañía, que se enfrenta a una pena de 13 años y nueve meses de de prisión, va a juicio. Las otras dos veces llegó a un pacto con la fiscalía. En esta ocasión también ha habido negociación pero, hasta hoy, no ha habido acuerdo. El plazo fine mañana miércoles.

Español se ha sentado en el banquillo con otros tres acusados. El cuarto, Aurelio González Isla Massip, que era director general corporativo de La Seda y que se enfrentaba a la misma pena de prisión, no ha comparecido por la grave dolencia que padece. La fiscalía, en atención a el delicado estado de salud del executivo a solicitado que se declare la demencia sobrevenida de este investigado. En la sesión de este martes, las defensas de los acusados han solicitado la anulación del proceso porque, a su entender, no se debería haber desgajado en cuatro causas las irregularidades detectadas en la Seda. También han instado a que se devuelva al juzgado el asunto porque no han sido empezadas las empresas que figuran como responsables civiles.

CONTRATOS FICTICIOS

El fiscal Óscar Serranoa sostiene en su escrito de acusación que Rafael Español y el resto de implicados “simularon” en febrero del 2008 con la aparente intención de diversificar el negocio y la reconversión industrial de la actividad textil de La Seda a otras actividades, un contrato con la mercantil Jatroil para otorgarle un préstamo participativo por importe de 2,4 millones de euros para la aparente realización de un proyecto de investigación en cultivos agroenergéticos para la producción de biocombustible. Desde La Seda solo se entregaron 780.000 euros. Pocos días más tarde, los investigados simularon una ampliación de capital de Jatroil.

El segundo contrato bajo sospecha data del 28 de marzo del 2008. A raíz de este acuerdo, La Seda dio a Jatroil otro préstamo participativo por importe de 17,4 millones de euros para la búsqueda de terrenos para el cultivo de plantas para la producción de biocombustible. Una vez Jatroil recibió el dinero una parte se lo quedó la empresa y 14,4 millones los  traspasó a otra sociedad, Nuevo Sol Granadella, causando un perjuicio económico a La Seda. La fiscalía apunta que la finalidad perseguida por los acusados a través de estas operaciones “simuladas o ficticias” era “desviar fraudulentamente” cantidades de dinero de La Seda.