Montoro propone un fondo de reserva para pagar educación y sanidad en tiempos de crisis

En épocas de bonanza, las comunidades autónomas podrán aportar parte de sus recursos a un fondo de reserva para garantizar la adecuada prestación de servicios públicos esenciales, como educación, sanidad y servicios sociales, en tiempos de crisis. Esta es una de las cuestiones en las que parece haber cierto consenso entre los representantes de los gobiernos autonómicos que participan desde noviembre pasado en el grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para la reforma del modelo de financiación, del que se autoexcluyó la Generalitat de de Catalunya. 

También existe cierto consenso sobre la inconveniencia de aplicar el tramo autonómico colegiado en el IVA y en los impuestos especiales que se propuso en el libro blanco presentado por expertos autonómicos en julio pasado. 

Las autonomías, sin embargo, siguen sin ponerse de acuerdo sobre la conveniencia de fijar unos niveles mínimos de tributación en impuestos como el de Sucesiones para evitar la competencia fiscal entre territorios. 

 

Seis meses de trabajo

Tras más de seis meses de reuniones del grupo de trabajo, el Ministerio de Hacienda ha elaborado un documento de síntesis que ha sido remitido a los gobiernos autonómicos este lunes y que debe servir de base para la negociación política del nuevo modelo de financiación autonómica. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prevé reunir a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en los últimos días de mayo o primeras jornadas de junio con este documento sobre la mesa.

En realidad se trata de un texto muy abierto, en el que se dibuja un modelo de financiación autonómica continuista respecto del actual y en el que el Ministerio de Hacienda evita tomar partido en ninguna de las cuestiones polémicas. La estrategia elegida por Montoro ha consistido en dejar abiertas las cuestiones más espinosas, a la espera de un posible acuerdo en el seno del CPFF que se antoja muy complicado en vísperas de las elecciones autonómicas previstas para el 2019.

Algunos de los futuros negociadores asumen en privado la posibilidad de que este año no se logre negociar un nuevo modelo de financiación y que tan solo se avance en el mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica apuntado en el proyecto de Presupuestos del Estado.

Negociación política

Así, el documento de síntesis elaborado por Hacienda no se moja sobre cuestiones tales como si debe haber una tributación mínima en impuestos como el de Sucesiones para evitar a competencia fiscal entre comunidades. El texto aboga por una armonización en las bases imponibles de los impuestos dejando libertad a las comunidades para actuar sobre las escalas de gravamen o posibles deducciones en las cuotas.

Tampoco se establecen criterios sobre cuál debería ser la aportación de las comunidades al fondo de solidaridad para nivelar la prestación de servicios entre todas, ni cuáles deberían ser los criterios para su reparto. No se define tampoco cuál será la aportación del Estado al sistema, ni cómo debería hacerse su reparto, ni si el el objetivo debería ser una nivelación total o parcial de la financiación por habitante.

Todas estas cuestiones se dejan para la negociación política.

Misma cesta de tributos

En general, la síntesis realizada por Hacienda dibuja un modelo de financiación similar al actual, que parte de la misma cesta de tributos en la que se incluyen  los impuestos de sucesiones, transmisiones patrimoniales y sobre determinados medios de transporte, así como el 50% de la cuota del IRPF, el 50% de la recaudación por IVA y el 58% de la de los impuestos especiales, entre otros recursos.

El principal cambio del modelo, sin embargo, reside en establecer la financiación suficiente de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) en función de la población ajustada de cada territorio (tomando en cuenta consideraciones tales como dispersión, insularidad o pirámide de edades). Hacienda aboga por una “nivelación total” en la financiación de estos servicios.

El modelo se articula sobre los recursos obtenidos por la capacidad tributaria de cada comunidad autónoma, corregidos con dos fondos: un Fondo Básico de Financiación dotado con recursos propios de las autonomías bajo el principio de solidaridad y un Fondo de Nivelación, con recursos del Estado.

Servicios esenciales

Los mayores ingresos tributarios en épocas de bonanza deberían servir para dotar un fondo de reserva para financiar los servicios fundamentales en tiempos de crisis.

Otra de las novedades reside en las reglas de evolución del sistema. Hacienda acepta que, de alguna manera, se vincule a las necesidades futuras de gasto de los servicios esenciales, pero no se precisa de dónde saldrían los recursos necesarios.