Multa de la CNMC a Indra, IBM y nueve empresas informáticas más por cártel en concursos de contratación pública

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desmantelado un cártel de once empresas prestadoras de servicios informáticos a la Administración Pública que se dedicaba a repartirse los clientes y a acordar precios y condiciones para encarecer los contratos que firmaban con la Administración. Entre los organismos afectados se encuentra la Agencia Tributaria, la gerencia informática de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Las sanciones se elevan en conjunto a 29,9 millones de euros, de los cuales a las instigadoras de la trama, Indra y SAG, les corresponden 13,5 y 6 millones de euros respectivamente, seguidas de Atos (5 millones), Connectis (1,8 millones), IBM (940.000), Everis (800.000), Babel (633.917),  Cibernos (616.038),  Gesein (320.969), Accenture (300.000) y Next (46.760).

Las empresas involucradas operaron durante quince años en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos.

El expediente se abrió hace dos años, tras una investigación que partió de una información aportada por la Agencia Tributaria sobre las licitaciones de los servicios de desarrollo y mantenimiento de sus equipos.

Las conductas ilícitas, según la CNMC, afectan a los procedimientos de contratación que se realizaban a través de la creación de UTEs (Uniones temporales de Empresas) instrumentales, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se aseguraba un porcentaje de facturación y unas condiciones más ventajosas que a otras a cambio de que no participasen con ofertas alternativas en la licitación, la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación de contratos de concurso o procedimientos negociados, o la cesión de claves de patrimonio o inhibición de la presentación de ofertas por ciertas empresas en determinados concursos para asegurarse la adjudicación de los mismos a cambio de otros favores.