El juez propone juzgar a los responsables de Caixanova por los préstamos a Promalar
Considera que la entidad resultó perjudicada en más de 80 millones para financiar a una conservera. Sostiene que sobrevaloraron hasta en un 190 por ciento fincas utilizadas para conceder créditos.
-FERNANDO VILLAR (EFE)
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y Jose Luis Pego y otras siete personas por los préstamos concedidos a la empresa Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera Bernardo Alfageme, lo que causó un grave perjuicio económico a la entidad bancaria de más de 80 millones de euros. El juez considera que los exdirectivos de Caixanova “diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración”.
Una vez finalizada la instrucción, el juez considera que los hechos investigados son presuntamente constitutivos de delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social o apropiación indebida y blanqueo de capitales. Ahora la fiscalía y las acusaciones disponen de 10 días para pedir la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de calificación. Tanto Gayoso, como Gorriarán y Pego junto con otras dos personas fueron ya condenados a dos años de cárcel por las indemnizaciones millonarias que se concedieron.
Entre 2005 y 2010 se realizaron cuatro operaciones financieras llevadas a cabo por los investigados para reflotar la conservera Bernado Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la Caja. Para poder hacerlo, los máximos gestores de Caixanova propusieron a otro de los investigados, Juan Lago, administrador de Promalar, la compra de la conservera.
Se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar SL, “que era beneficiar a Lago y a los accionistas de Bernardo Alfageme, causándoles un perjuicio multimillonario a la entidad financiera Caixanova”.
FINCAS POR 190 VECES SU VALOR
Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia. Como muestra de las profundas irregularidades producidas en las distintas operaciones de financiación, el juez hace constar que en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario, se entregaron en garantía, fincas valoradas en 2005 por Tasagalicia en 133 millones. Su valor real en 2010 era de 2,5 millones de euros, es decir, se tasaron en 190 veces su valor real.
En otras operaciones, la valoración excesiva de las garantías se condicionaba a la aprobación de planes urbanísticos de recalificación de terrenos. De la tasación se ocupaba principalmente por Tasagalicia, "empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna cautela o control de las valoraciones por parte de los gestores de Caixanova. El resultado final fue que el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se depreció posteriormente prácticamente en su totalidad”.
EN PERJUICIO DE CAIXANOVA
El juez concluye que toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir beneficiar a Lago y a los accionistas de Bernardo Alfageme por su estrecha relación con la caja, “facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban”.
Para ello, argumenta De la Mata, “los directivos de Caixanova se concertaron con Lago, a través de Gorriarián, para facilitarle cantidades millonarias para comprar Bernardo Alfageme a sus socios. Estas operaciones estaban cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera absolutamente irregular (se tasaron fincas en 190 veces su valor) ocultando u obviando la existencia de evidentes condicionantes urbanísticos que reducían drásticamente el valor de las fincas otorgadas en garantía.” Los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, “ y han supuesto pérdidas multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria” concluye de la Mata.