El paquete de medidas que prepara el Gobierno para aligerar la factura de la luz

La ministra Teresa Ribera anunció el 19 de septiembre un Real-Decreto urgente para paliar las subidas de precio de la luz que podría ser aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, entre las medidas que incluirá estará la suspensión del impuesto de generación que afecta de forma directa a las eléctricas y de forma indirecta al consumidor –a través del término "energía facturada" en el recibo-, pero también otras que dotarán a los hogares de herramientas para poder manejar sus gastos y ahorrar en la factura eléctrica.

Entre ellas, el Gobierno prevé obligar a las eléctricas a simular en la factura de sus clientes con tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) el precio correspondiente de su consumo si tuvieran una tarifa de distribución horaria, es decir, aquella que diferencia entre hora punta (de 12.00h a 22.00 h en invierno y de 13.00h a 23.00h en verano) y hora valle (de 22.00h a 12.00h en invierno y de 23.00h a 13.00 h en verano).  

Según los datos publicados por la CNMC, en España hay 10,4 millones de hogares que están en el mercado regulado (PVPC) de los cuales solo 660.000 tienen una tarifa de distribución horaria, y eso que muchos expertos en energía, como Jorge Morales de Labra, aseguran que esta tarifa recorta el precio final del recibo en torno a un 15%. "No se trata de poner una lavadora a las 5 de la mañana. La mayoría de familias tienen un consumo mayor en esas horas (valle) que en las restantes", agregó Morales de Labra.

Además, el Real-Decreto también incluirá una disminución de los tramos de potencia contratada en la factura de la luz que en la actualidad se sitúan en 1,1 KWh para que los clientes puedan ajustar mejor su consumo. Según la norma actual, un usuario puede contratar una potencia de 3,5 KWh o de 4,6 Kwh, pero no una de 3,6 KWh o una de 4 KWh, una diferencia que puede suponer en la factura anual alrededor de 25 euros -sin contar los costes fijos-.

BONO SOCIAL

Pero si en alguien centró su atención la ministra Ribera durante su intervención en el Congreso de los Diputados fue en el colectivo más vulnerable. El actual bono social eléctrico tenía los días contados, el 8 de octubre caducaba su aplicación, y el nuevo bono solo había conseguido 700.000 clientes registrados (datos de hace un mes), por lo que el Gobierno ampliará el plazo hasta finales de año.

Además, se dará en él una mayor cabida a las familias monoparentales, más susceptibles a la vulnerabilidad y a la pobreza energética y con un componente de género -el 85 % de ellas están compuestas por una madre y un niño- por lo que se modificarán los criterios para establecer que el nivel de renta anual deberá ser igual o inferior a 2,5 veces el IPREM, ahora se sitúa en 2 veces el IPREM.

El Gobierno también prohibirá en este Real-Decreto que se corte el suministro eléctrico en una vivienda beneficiaria de bono social si en esta hay un menor de 16 años, de forma que se considerará servicio esencial y entrará a formar parte de la prohibición impuesta en la Ley del Sector Eléctrico.

También se ampliarán los umbrales de descuento del bono eléctrico y se les dará mayor flexibilidad, es decir, hasta este momento el bono social solo es aplicable a un consumo mensual básico que se asigna según el hogar  –entre los 100 KWh al mes en un hogar sin menores y los 300 KWh al mes de las familias numerosas- y el exceso de esa cifra se factura a un precio normal. A partir de la entrada en vigor de este Real-Decreto los consumidores podrán distribuírse el consumo de forma anual.

Además, el Gobierno, como anunció Ribera, creará un nuevo bono térmico que será una ayuda directa a los beneficiarios del bono social eléctrico en función del grado de vulnerabilidad, del número de personas que formen la unidad familiar y de la zona climática en la que se encuentre su casa.

Tanto la ampliación del bono social eléctrico como la creación de un bono social térmico se acompañarán de una estrategia nacional sobre la pobreza energética en seis meses.