La excúpula de Caixanova irá a juicio por administración desleal en Rivas

La Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y tres exdirectivos por un delito continuado de administración desleal en una operación urbanística en Rivas Vaciamadrid que causó un perjuicio de 41,8 millones de euros. Además de Fernández Gayoso, se sentarán en el banquillo los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, así como Domingo González Mera, consejero de la financiera inmobiliaria de la entidad.

Para todos ellos se solicita una fianza de 68,3 millones de euros; la Fiscalía y la abogacía del Estado piden cuatro años de prisión para cada uno de ellos, en tanto que Abanca, heredera del quebranto tras integrar Novacaixagalicia, tres.

Por el contrario, el juez Diego de Egea ha archivado la investigación contra Isaac Míguez y José González Rodríguez, al considerar que el delito ha prescrito.

Se trata de una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las investigaciones crediticias a Caixanova iniciadas en diciembre del 2010. Los acusados habrían participado en el 2007 en la concesión de un préstamo por importe de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a una sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja gallega, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio Gorriarán, hermano de uno de los investigados.

SIN INFORMACIÓN Y CON RIESGO

En la instrucción se desveló que los riesgos de esta operación no fueron explicados al consejo de administración ya que con carácter previo a la aprobación del préstamo, Caixanova se sirvió de análisis incompletos, pues no se distinguía el valor entre las fincas y se basó en una tasación que advertía de la necesidad de recabar cédula urbanística. Tampoco se valoró que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya era patente la ralentización de las ventas en el sector y las incertidumbres como consecuencia de la crisis.

Las irregularidades prosiguieron tras la constitución del contrato, con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que tampoco se advirtió de una segunda refinanciación de la que no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces por González Mera y Pego. Ante la imposibilidad de devolver el dinero, los gestores habrían ideado y ofrecido a los deudores una salida que les permitiera liberarse de sus obligaciones sin importarles que tal alternativa afectara negativamente a los intereses patrimoniales de la entidad.

En julio del 2017 y dada su avanzada edad -85 años-, Fernández Gayoso salió de prisión, donde ingresó siete meses antes por un delito de apropiación indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, causa en la que también fueron condenados Pego y Gorriarán. Gayoso, Gorriarán y Pego están también procesados por delito societario y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada que generó un perjuicio de 80 millones de euros, pieza que está a la espera de que se decrete la apertura de juicio oral.