El Gobierno estudia elevar la aportación de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos

El Gobierno está estudiando imponer a los bancos una aportación mayor al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para evitar que el Estado tenga que inyectar nuevas ayudas al sector financiero. El fondo recibió 1.308 millones de 128 entidades el año pasado y cerró el ejercicio con un patrimonio de 1.990 millones de euros, pero afronta el pago de 4.490 millones a Sabadell y BBVA en virtud de las pérdidas que se comprometió a asumir para que estas dos entidades se quedaran con la CAM y Unnim en el 2011 y el 2012, respectivamente. 

Sin entrar en los detalles y las causas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, lo confirmó en una entrevista publicada este fin de semana en EL PERIÓDICO. "El mantenimiento de un fondo de garantía de depósitos bien dotado es uno de los elementos de salvaguarda y de buen funcionamiento del sistema sobre el que tenemos que trabajar. Tenemos que evaluar si, dentro de este marco, habría que aumentar las contribuciones o revisar, de cara a futuro, el marco que define su funcionamiento", defendió.

También la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo anunció en una entrevista a este diario a principios de mes, en la que lo encuadró en "abordar una mayor fiscalidad del sector financiero". Más claro ha sido el PSOE, que lo ha incluido en su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación de la crisis en el Congreso: "Cabe plantearse la posibilidad de aumentar las aportaciones de las entidades financieras al Fondo de Garantía de Depósitos para que sea el propio sector quien asuma el coste de las ayudas concedidas a través de los esquemas de protección de activos" (como los otorgados a Sabadell y BBVA).

GARANTÍA PÚBLICA

El FGD es el instrumento -de mayoría pública en la gestión, pero financiado por el sector financiero- que asegura 100.000 euros de ahorros por cliente y entidad en caso de quiebra de la misma. También asume parte de las pérdidas ocasionadas por las entidades que sucumbieron durante la crisis, mediante vías como los Esquemas de Protección de Activos (EPAs) concedidos a Sabadell y BBVA. Pese a ser financiado por el sector privado, sus cuentas consolidan con las del Estado y tienen impacto en el déficit público porque, si se queda sin recursos, se asume que los pondrá el Tesoro. 

De ahí que el Ejecutivo estudie hacer que los bancos aporten más. "Si ocurre algún evento o hay alguna necesidad de imputar algunos ajustes, se aporta desde el Fondo. Y la parte que el Fondo no aporta, la tiene que asumir el Estado. Por tanto, cuanto mayor sea el tamaño del Fondo, menor necesidad de aportación del Estado, en un futuro o en un presente", argumentan fuentes gubernamentales. Según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) de la semana pasada, los EPAs del Fondo tendrán un impacto en el déficit público de 1.749 millones el año que viene y de 1.351 millones en el 2019, después de suponer unos números rojos para las cuentas públicas de 797 millones en el 2017.

DISTINTAS VÍAS

Existen varias vías para incrementar la contribución de la banca. Se podría incrementar la aportación anual de las entidades (en el 2017 ya se elevó desde el 1,6 al 1,8 por mil de los depósitos y cuentas a la vista) u ordenar una derrama extraordinaria (como hizo el Gobierno de Rajoy en el 2013 después de que el FGD registrase dos años de patrimonio negativo; entonces se ordenó un pago excepcional del 3 por mil del que dos quintas partes se abonó de inmediato y el resto a lo largo de siete años, si bien computaba desde el primer momento en el patrimonio).

El problema de fondo es que el FGD ya ha pagado 3.239 millones al Sabadell y 566 millones al BBVA en los últimos tres años por las garantías que les concedió. Sin embargo, según sus últimas estimaciones del 2017 (y hay que tomarlas con precaución, porque se han venido revisando al alza cada año), todavía les deberá abonar 3.241 y 1.249 millones, respectivamente. La situación se ha agravado por la decisión de ambas entidades de vender sus activos inmobiliarios al fondo Cerberus: ello puede suponer que en lugar de ir afrontando las pérdidas de forma paulatina y año a año el FGD las tuviera que asumir de golpe, lo que le volvería a colocar con un patrimonio negativo.

Las partes implicadas están negociando una solución y, según públicó 'Cinco Días' recientemente, esta podría consistir en periodificar el impacto en hasta tres años. Aún así, el coste es tan elevado que el Gobierno ya ha transmitido al sector que estudia elevar las aportaciones. "Está sobre la mesa, pero todavía no se ha cerrado. La idea sería aplicarlo a partir del 2019. Es para que paguemos entre todos lo del Sabadell. Para que luego diga que no ha recibido ayudas", lamenta una fuente del sector, acertando a resumir el enfado de la mayoría de las entidades ante el nuevo coste que se les viene encima.