Los beneficios fiscales dejarían 72,3 millones y 870 empleos estables en la provincia

La introducción de mejoras fiscales para luchar contra la despoblación lleva décadas resonando en las voces de instituciones y entidades sorianas. Ayer se pudo traducir a cifras y, si la práctica se correspondiese con la teoría, el paso sería efectivamente de gigante. Los bolsillos de los vecinos de la provincia y las cuentas de las empresas contarían con 72,3 millones de euros más al año y se crearían 869 empleos, estables al menos mientras durase es discriminación positiva.

Las cifras no nacieron del azar. Pertenecen al estudio Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados de España, elaborado a instancias de las zonas escasamente pobladas del sur de Europa (SSPA) gracias a la labor de profesores universitarios y doctores. Bajo la coordinación de José Antonio Herce, en el grupo de trabajo figuran los docentes de Empresariales Blanca García, Pablo de Frutos y Sonia Esteban y el doctor en Derecho José Miguel García Asensio.

Los documentos de partida fueron las 49.368 declaraciones individuales de la renta presentadas por los sorianos, así que el material es oficial, realista y exhaustivo. La premisa fue tan sencilla como calcular sobre una bonificación del 50% en determinados impuestos, como ocurre en otros territorios periféricos como Ceuta, Melilla o Canarias.

Concretamente se trabajó sobre la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto de Sociedades y Patrimonio. El IVA no se analizó por su excesiva complejidad y la posibilidad de incurrir en las prohibidas ayudas de Estado, de forma que el estudio tenga visos de viabilidad.

Con todas estas premisas los datos son contundentes. Soria, Cuenca y Teruel, las tres provincias españolas que forman parte de la SSPA, dejarían de ingresar 335 millones de euros a la Agencia Tributaria y a sus equivalentes autonómicos en menor medida. Sin embargo, el incremento de los empleos y por tanto cotizantes y la previsión de un mayor consumo –que también supone mayor recaudación en impuestos como el IVA– haría que el coste fuese mínimo, más aún si se tiene en cuenta que la población beneficiaria es muy escasa en términos absolutos.

El presidente de la patronal soriana FOES, Santiago Aparicio, defendió como impulsor de la SSPA que «este trabajo nos lleva a que la fiscalidad era un elemento diferenciador y nos podía dar alas a este proyecto» para recabar apoyos económicos y sociales contra la despoblación. Se trata de un «estudio muy importante» para que «la fiscalidad pueda ser un elemento diferenciador y que podamos cambiar la tendencia de estas provincias».

Por parte de los grupos de acción local, María Luisa Aguilera defendió una «propuesta en positivo, con rigor» y «factible». A su juicio «ahora se necesita voluntad». Y es que el coordinador, Herce, indicó que hay que intentar entrar por el resquicio de una puerta entreabierta para que el Estado español defienda la idea ante la Unión Europea y esta permita la intervención. «Efectivamente no hay un apartado que diga que esto se puede hacer, pero tampoco hay ninguno que diga que no se puede hacer», resumió el doctor.

El primer paso «para abrir la puerta a la excepcionalidad fiscal» es «caracterizar» la situación. El ejemplo de Canarias supone que «vivir a 2.000 kilómetros de Madrid te da derecho a que te rebajen el 50% de la factura de muchos impuestos». Sin embargo «la gran mayoría de la humanidad vive a más de 2.000 kilómetros de Madrid y no pasa nada, algunos viven hasta mejor». Con este ejemplo que el mismo consideró como una simplificación, apuntó que «a decenas de kilómetros de las ciudades» hay territorios «en una situación demográfica distinta» y que sí necesita compensación estatal.

No obstante hay que ser cuidadosos en las formas y «ver en qué medida esto se puede reclamar sin que pueda ser calificado de ayuda de Estado y por tanto prohibida».Por ello llamó a España a «instar a una reinterpretación de qué condiciones de desarrollo económico son manifiestamente mejorables» para que igual que se compensa a las regiones ultraperiféricas pueda hacerse lo propio con las provincias de Soria, Teruel y Cuenca.

Una de las claves pasa por hacer ver que esos 335 millones de euros que dejaría de percibir la Agencia Tributaria «no se evaporan, se quedan en los bolsillos de los agentes actuantes en esos territorios» y en el caso de Soria serían de media casi 1.000 euros más por habitante y año. Con esta premisa se calculó que habría mayor consumo y con ello un incremento del 267 millones de euros sujetos a IVA, por lo que buena parte de lo perdido se recuperaría por esta vía. De este total, 56 millones de euros fiscalizables se moverían desde Soria.

Más aún, Herce defendió que la adopción de la reducción de los impuestos contemplados a la mitad permitiría crear 4.027 empleos entre las tres provincias, de los cuales 869 serían en Soria, unos 1.200 en Teruel y cerca de 1.900 en Cuenca. Lógicamente eso generaría «bases imponibles nuevas por importe de 80 millones de euros al año», de los cuales 17 millones de euros corresponderían a Soria. Si se restan estos 80 millones de los 335 totales, el coste para la Agencia Tributaria se mitigaría de forma notable.

El director del estudio no se atrevió a vaticinar cuándo comenzarían a revertirse las cifras poblacionales pero sí «sabemos que mucha gente está esperando a que esto suceda, primero para no irse y segundo por muchos neopobladores que estarían dispuestos a venir». Se trata de una propuesta «razonable, modesta en su coste y accionable».

Por otro lado, también se analizó alguna medida «parafiscal» que podría dar sus frutos. Aunque no hay ejemplos en el seno de la Unión Europea, Noruega –que sí comparte espacio económico– planteó una reducción de 10 puntos en la cotización de los trabajadores en zonas despobladas. Esto supondría, por ejemplo, que si una empresa paga un 35% en cotizaciones a su trabajador, podría reducirlo al 25% sin merma de derechos y prestaciones. Inicialmente la Unión Europea «se lo paró, pero (Noruega) recurrió y ganó», lo que abre otra posibilidad para fomentar el empleo.

En el caso de Soria y aunque iba más allá del encargo inicial, el grupo de trabajo calculó que esta medida supondría 68 millones de euros menos con cargo a los empresarios, lo cual podría repercutir en mayor sueldo magro. En las tres provincias afectadas se eximiría del pago de 271 millones de euros. Sin embargo, esto recaería sobre la caja de la Tesorería General de la Seguridad Social «y no está para dar meneos».

En definitiva, la vía de rebaja impositiva sin tocar el IVA ya tiene un informe que sustenta su viabilidad. Como defendió el presidente del grupo de acción local Asopiva, Paulino Herrero, está la senda del ahorro fiscal o la del gasto inversor. «En Soria conocemos muchos planes y es gastar dinero sin obtener resultados». Ahora, la propuesta es que el dinero quede en manos de los pobladores para hacer atractivo residir o invertir en Soria.