La morosidad en las VPO deja una deuda a la Junta de 2,9 millones

El impago de las cuotas correspondientes a viviendas de protección oficial promovidas por la Junta de Castilla y León en la provincia ha provocado un agujero económico de importantes proporciones. Con datos a fecha de 25 de febrero de 2019, entre las deuda principal y los intereses la Junta ha dejado de ingresar 2,9 millones de euros, según la información facilitada por el Servicio Territorial de Fomento. Estas deudas se corresponde a 181 adjudicatarios de los 481 que aún tienen viviendas en facturación, es decir, en periodo de cobro.

Desde el Gobierno regional se han promovido, ejecutado y adjudicado un total de 1.740 viviendas de protección oficial en alrededor de medio centenar de promociones. La última, se inició en la población de Langa de Duero en el año 2019 y las obras se terminaron en 2015. Se trata de 10 viviendas para alquiler de personas de más de 65 años o discapacitados que posteriormente fueron cedidas al Ayuntamiento de Langa.

Según los datos facilitados por el jefe del Servicio Territorial de Fomento, Jesús Puerta, de las 1.740 viviendas de protección de Soria hay 60 que han acabado en manos de entidades locales –ayuntamientos–. Además, hay 899 que fueron amortizadas según los plazos establecidos en un inicio, es decir, 25 años, y otras 296 que fueron amortizadas de forma anticipada. Por último, destacar que hay cuatro viviendas acogidas a la denominación de «actuación singular», es decir, reservadas para atender a familias o personas en riesgo de exclusión.

Los número reflejan que actualmente hay 481 viviendas que están en proceso de facturación lo que supone que cada meses se gritan 481 recibos para hacer frente a las cuotas correspondientes. Según la información facilitada por la Junta hay 181 adjudicatarios que al menos deben una cuota a la administración regional. Entre los morosos se pòdrían distinguir dos grupos, el mayoritario, compuesto por 96 personas, que está formado por aquellos que deben menos de 10.000 euros. Por otra parte, hay 85 adjudicatarios que deben más de 10.000 euros a la Junta. En muchos casos, se trata de personas que han recibido una vivienda sin pagar ni un recibo. Estas 85 personas deben a la junta 1,9 millones de euros mientras que la deuda de los 96 incluidos en el grupo anterior es de ‘solo’ 247.748,32. Conviene diferencias también que hay personas –31– cuya deuda con la Junta no supera los 1.000 euros y otras 15 que deben entre 1.000 y 2.000 euros.

Las cuentas son fáciles. En total los recibos impagados asciende a un importe de 2.244.368,23 euros a los que hay que sumar 665.130,46 euros en concepto de intereses. En total, la deuda acumulada se eleva hasta los 2,9 millones de euros. El número de recibos impagados hasta la fecha es de 11.873, según la información facilitada por la Junta.