La poca apertura en las licitaciones ha costado 9.000 millones de más

Entre las exigencias realizadas recientemente por la Comisión Europea a España se advertía sobre los avances limitados en la nueva estructura de gobernanza sobre licitaciones públicas. Podría parecer un tema menor, pero no lo es.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcula que si se hubiesen utilizado procedimientos abiertos, los que permiten mayor competencia, en todas las licitaciones del sector público registradas el coste de la contratación pública habría sido al menos de 1.771 millones de euros en el periodo 2012-2016, prácticamente un 10% del importe total.

Pero añade que los contratos incluidos en el registro del sector público solo equivalen a un 2% del PIB, cuando tanto las estimaciones de la OCDE y otros organismos calculan que la contratación pública en España alcanza casi el 20% del PIB.

Por ello, la CNMC concluye que en realidad sus cálculos hipotéticos de ahorro para el erario público con una contratación con mayor competencia y concurrencia "son del orden de cinco veces inferiores a los valores reales". Lo que traducido en cifras equivale a decir que entre el 2012 y el 2017 España se podría haber ahorrado 8.855 millones de euros solamente realizando contratos con la máxima competencia que permite la legislación. 

La CNMC llega a sus cálculos tras analizar más de 36.000 contratos de la Administración central, tras constatar la dificultad para acceder a los datos de las administraciones autonómicas y locales. Y extrapola las conclusiones de su estudio al conjunto del sector público.

Según el informe, se constata que hay "poca competencia en los aprovisionamientos públicos". Por ejemplo, cita que son muy frecuentes las licitaciones con pocos participantes: en casi el 24% de los contratos estatales hay un único perticipante y en un 65% de los contratos hay tres o menos participantes.

Son cifras que sitúan a España en la cola respecto a los países de la UE. Y tienen sus efectos a la hora de contratar: en los procedimientos abiertos en los que ha habido siete participantes se han logrado de media contratos con una baja ganadora del 17%.

Mientras que en el otro extremo, los negociados sin publicidad con menos de tres particpantes de media, la baja final se queda en mitad, un 8%. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO

La conclusión a la que llega la CNMC de los efectos de la utilización de los distintos tipos de procedimientos de contrato en términos de coste es la siguiente: "La Administración paga de media casi un 10% menos en los contratos en los que utiliza el procedimiento abierto  a cuando utiliza procedimientos no abiertos (negociados, restringidos y diálogos) y la participación de una empresa supone una reducción del precio del contrato de un 2%".

De todos modos, el ahorro varía también según el tipo de contratos: de media llega al 13% en el caso de obras; al 7% en los de servicios y cae al 1,5% en los de suministros.

El análisis advierte de la elevada frecuencia de licitaciones a las que concurren muy pocos participantes, hasta el extremo de que "en casi un 34% de los contrartos estatales hay un único participante". 

Una de las curiosidades del informe es la lista con los órganos de contratación que tienen más contratos de este tipo. Destacan en estos casos el Ejército de Tierra (18% de todos sus contratos); el Ejército del Aire (7,2%);  la Armada (5,1%)  pero también la Secretaría de Estado de Cultura (3%) o la Agencia Estatal de Administración Tributaria (2,5%). 

SIN PUBLICACIÓN PREVIA

Otro punto preocupante del informe es la constatación del elevado uso de contratos que se sitúan a pocos miles de euros del umbral en el que aún no era obligatorio dar más publicidad y concurrencia al proceso de ofertas. En el periodo analizado por la CNMC se permitía acudir a procedimientos negociados sin la publicación previa del anuncio de licitación en los casos de contratos de servicios y suministros que nu superasen los 60.000 euros, y en los contratos de obras que no superasen los 200.000 euros. Y pese al ahorro que habrían obtenido las administraciones si hubiesen utilizado el procedimiento abierto, el 100% de los contratos cuyas cuantías se situaron entre 59.500 y los 60.000 euros se asignaron sin publicidad, y un 70% de los contratos situados entre 199.500 y los 200.000 euros también. Es decir, que posiblemente las administraciones prefirieron apurar al máximo para contratar, se supone, a empresas más próximas, en lugar de ampliar la concurrencia y lograr contratos más baratos.