La banca teme un freno de la concesión de hipotecas a mediados de junio

La entrada en vigor el próximo 16 de junio de la nueva ley de contratos hipotecarios puede provocar un cuello de botella que ralentice la concesión de estos préstamos. Así lo reconocen diversas fuentes del sector financiero y otros asociados, como las tasadoras y las consultoras. Las entidades están trabajando contrarreloj para adaptarse y que el parón solo dure unos días. Pero más allá de este efecto puntual, la nueva norma supone un cambio de paradigma que alargará los plazos de concesión de los préstamos y probablemente restrinja el acceso a los mismos de los ciudadanos con rentas más bajas.

La ley incorpora a la normativa española una directiva europea del 2014 que tenía que haber sido adoptada como tarde en marzo del 2016. Su entrada en vigor, por tanto, se producirá más de tres años después de lo establecido por la Comisión Europea. El Congreso la aprobó en febrero y en abril, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, el Gobierno dio luz verde a los desarrollos normativos complementarios para tratar de evitar una multa comunitaria de 100.000 euros al día por el retraso. "Es una pena que una vez más estemos con prisas en la primera aplicación (de una ley). Las entidades habrían tenido derecho a tener más tiempo para prepararse", lamentó este martes Francisco Uría, socio de KPMG, en unas jornadas sobre la ley organizadas por la CECA.

La norma obliga a las firmas hipotecarias a cambios profundos en sus procedimientos de concesión, en los sistemas informáticos que se emplean para formalizar los contratos y en la formación de sus empleados. Por ello, "en las primeras semanas podría haber una ralentización", acertó a resumir Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, en el encuentro de la patronal de las antiguas cajas. "Las entidades más diligentes no sufrirán un parón de más allá de unos días, pero otras más atrasadas pueden tener problemas. Esto no es solo para los bancos, hay otro tipo de entidades y sobre esas hay más dudas respecto a su capacidad de adaptarse", apunta un directivo de una empresa que asesora al sector.

GESTIONAR EL CAOS

La formación de la plantilla es el aspecto que está provocando más quebraderos de cabeza. La norma obliga a que los vendedores de hipotecas reciban un curso de al menos 50 horas. Para el conjunto de los trabajadores ha dado de plazo hasta el 16 de junio del año que viene, pero a cambio las entidades deben tener formados a tutores que supervisen el trabajo de sus compañeros y comprueben que se han cumplido los pasos que fija la nueva ley en cada hipoteca concedida. El problema es que el Banco de España todavía no les ha informado de qué empresas podrán examinar a dichos supervisores y acreditar que tienen los conocimientos adecuados.

En las jornadas de la CECA, Francisco Martínez Jorcano, director de medios de Kutxabank, estimó en unos 180 millones de euros (470 euros por hipoteca) el coste de formar a unos 126.000 empleados del sector en junio del 2020. "Esto es un lío, estamos gestionando el caos", aseguró antes de explicar que su entidad va ya por la versión 92 de su plan de adaptación a la norma. A ello se suman otros costes. Por ejemplo, Severino Méndez, director de personas y medios de Liberbank, apuntó que su banco tiene identificados cambios informáticos equivalentes a más de 12.000 horas de trabajo. Las entidades están tratando de tener sus sistemas adaptados unos días antes del 16 de junio para poder probarlos, pero también están pendientes de que no fallen las vías de comunicación telemática con los registradores y notarios.

MENOS Y MÁS CARO

En el sector se advierte también de que los plazos de concesión de las hipotecas van a ser más largos. De entrada porque habrá que ir dos veces en lugar de una al notario, que días antes de la firma deberá explicar al cliente las condiciones del crédito y asegurarse de que las entienda, algo que también esta provocando muchas dudas y consultas sobre cómo debe hacerse, apuntan fuentes financieras. Además, el plazo entre la entrega de la información contractual y la firma del crédito se ha ampliado de tres a 10 días. Otro interrogante es si la nueva ley se deberá aplicar o no a las hipotecas cuya información se facilite en los 10 días anteriores al 16 de junio pero se firmen después.

Las entidades, asimismo, están obligadas a analizar de forma más minuciosa la capacidad de pago de los consumidores, que deberán facilitar más información personal que hasta ahora. Ese test de solvencia puede frenar el acceso a la vivienda de las rentas más bajas, como ha reconocido el Banco de España, ya que se suma al previsible encarecimiento de los préstamos por el nuevo reparto de los gastos de constitución de los préstamos. "Los hipotecados van a estar más protegidos, pero a cambio habrá gente, sobre todo de las capas más bajas de la sociedad, que no podrán comprarse una casa", sostiene un directivo de una tasadora.