El Banco de España pide a los políticos consenso para evitar la parálisis

El Banco de España lleva tiempo alertando de que la fragmentación parlamentaria aparecida en el 2016 y los escasos apoyos del Gobierno socialista formado hace un año suponían un riesgo para la economía. Sin embargo, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha elevado este lunes un peldaño el mensaje y ha asegurado que la falta de mayorías sólidas en el Congreso de los últimos años ha provocado ya "algún freno" en las reformas estructurales y la corrección de los desequilibrios que el país necesita, particularmente en la reducción del déficit público estructural. Por ello, ha reclamado a los políticos que alcancen un "consenso" suficiente para "evitar una parálisis" política que perjudique a la actividad y la creación de empleo.

El máximo responsable del organismo supervisor ha destacado que la fragmentación parlamentaria que fue una "novedad" hace tres elecciones generales "tiene visos de estar aquí para quedarse, al menos por un tiempo". España, ha añadido, no estaba acostumbrado a ella. "Es importante que el país se acostumbre a gestionar esa fragmentación parlamentaria para que no lleve a una parálisis. Lo que creo que es importante es que se generen los consensos para que haya una estabilidad política que permita realizar las políticas que el país necesita", ha sostenido en un curso de la APIE y el BBVA en la UIMP en pleno proceso de negociación de la investidura del nuevo presidente del Gobierno.

MARGEN LIMITADO

El gobernador ha vuelto, una vez más, a alertar de la necesidad de que España se prepare para la próxima crisis, sobre todo ahora que el contexto internacional da síntomas de debilidad y elevada incertidumbre. "Este es el momento de reducir algunas de las vulnerabilidades estructurales de nuestra economía derivadas, en parte, de un elevado endeudamiento exterior y del sector público, que limitan el margen de maniobra de la política fiscal y aumentan la vulnerabilidad frente a subidas de los tipos de interés o de las primas de riesgos", ha advertido. Se han corregido, ha admitido, muchas vulnerabilidades, como la reducción de la deuda privada en 69 puntos porcentuales, pero han aparecido otras nuevas, como el aumento de la pública en más de 60 puntos, hasta el 98% del PIB.

Hernández de Cos ha apuntado que hay distintas opciones para reducir el déficit estructural, que no se recorta desde hace cuatro o cinco años, que poseen un "evidente componente ideológico". Así, se puede bajar los gastos o aumentar los impuestos para elevar los ingresos, ha argumentado sin decantarse por ninguna de ellas. En cambio, sí ha sido más contundente sobre las presiones de los sindicatos y de algunas voces de la izquierda política para revertir la reforma laboral del 2012. Aquella, ha sostenido, tenía "algunos elementos positivos" y no solo no hay que darle marcha atrás sino que es necesario hacer más modificaciones en el mercado laboral para combatir la temporalidad.

RIESGOS BANCARIOS 

El alto funcionario también ha reiterado los deberes que desde hace tiempo pone a los bancos. Las entidades españolas, ha recordado, tienen unos niveles de capital "reducidos" en comparación con las europeas y, aunque cumplen los mínimos regulatorios, el Banco de España se sentiría más "cómodo" si los acercasen a la media. También existe, ha añadido, un "amplio margen de mejora" en la reducción de la morosidad y los activos inmobiliarios adjudicados y no deben "relajar" los estándares de concesión de los créditos para evitar nuevos impagos.

Además, se enfrentan a procedimientos judiciales "muy relevantes" que pueden aumentar los litigios en su contra y profundizar la "pérdida de reputación" del sector, con lo que deben esforzarse en comercializar sus productos de manera "clara y transparente". La evolución del crédito y del sector inmobiliario, ha añadido, todavía no es alarmante. Pero el sector, ha alertado, debe estar alerta porque una potencial bajada de los precios de la vivienda tendría, como es evidente, un impacto negativo directo en las entidades por los activos adjudicados que aún tienen e indirecto por su impacto en el consumo y la actividad.