¿Qué hacer con las cabinas telefónicas?

En España todavía hay cabinas telefónicas, pocas, pero hay. En concreto, quedan 16.500 en todo el territorio y aunque en muchos casos pasan desapercibidas, pueden seguir usándose. El 1 de enero de este año estaba llamado a ser el día de su desaparición, con la eliminación su consideración como servicio universal de telecomunicaciones -sistema que garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios-, sin embargo, el Gobierno las indultó por sorpresa y extendió su vida un año más (hasta el 31 de diciembre de 2019). Pero el regulador español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mantiene su insistencia de que las cabinas desaparezcan, como también lo hicieron las guías telefónicas y el servicio de consulta sobre números de abonado: ya no son servicios útiles ni tampoco rentables.

La CNMC ha vuelto a señalar en un informe hecho público esta semana –y que se parece mucho a otro ya publicado en 2016- de que se ha producido una disminución "en el número, el tráfico cursado y en los ingresos unitarios por cabina de manera generalizada en todo el territorio nacional". Por ello, insiste en revisar y, por ende, en eliminar esta consideración de servicio universal.

Telefónica es el operador designado para esta prestación y tiene la obligación de garantizar la existencia de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. Esto es una cabina en cada municipio con más de 1.000 habitantes y una cabina adicional por cada 3.000 habitantes. En los municipios de menos de 1.000 habitantes depende de que esté justificada su presencia, en base a unos criterios de oferta mínima. Sin embargo, la demanda de este servicio se ha reducido drásticamente en los últimos años al ser sustituido por una alta penetración de telefonía móvil: 112,9 líneas por cada 100 habitantes en 2017. Y esa baja demanda ha encarecido los costes.

Según el organismo que dirige José María Marín Quemada, desde el año 2013, el margen de este servicio público es negativo, con unos costes que, "si bien se han reducido, no lo han hecho en la misma cuantía que los ingresos". La CNMC explica que si el resto de componentes del servicio universal continúan su tendencia decreciente de coste neto, el componente de cabinas se caracteriza por la tendencia contraria. "Los incrementos de coste neto observados en 2015 y 2016 se deben, por una parte, a la reducción general de márgenes, por el menor tráfico cursado, lo que indica la baja rentabilidad del servicio", explica el regulador. En concreto, el coste neto de este servicio en 2012 era de 399.000 euros, mientras que en 2015 y 2016 (últimos años de los que se conocen las cifras) se elevó hasta los 2,07 y 4,5 millones, respectivamente.

Y es que, cada vez hay menos cabinas en España, desde que en 1928 se instaló la primera, en el Parque del Retiro de Madrid. Los teléfonos públicos alcanzaron su apogeo a finales de los años noventa al sumar un total de 65.000. Pero la revolución tecnológica que trajeron los años 2000 ha llevado a dejar obsoleto este servicio y su desaparición plena es solo una cuestión de tiempo. Otros países como Francia, Bélgica, Dinamarca o Estonia ya no disponen de este servicio, y eso que su porcentaje de utilización era superior al español. La pregunta de muchos es ¿qué hacer con ellas? En Andalucía, por ejemplo, algunas se utilizan para cargar el teléfono móvil en la calle.