INFRAESTRUCTURAS
ACS, Sacyr e Iberpistas recurren el método para calcular el rescate de las vías quebradas
El Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la responsabilidad patrimonial del Estado
Tramo de la carretera R-3.-GOOGLE MAPS
ACS, Sacyr e Iberpistas (Abertis) han recurrido ante el Tribunal Supremo la metodología aprobada por el Gobierno para calcular la responsabilidad patrimonial de Estado (RPA), a la que se deberá hacer frente por el rescate de estas vías, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). Estos recursos contenciosos administrativos, que han sido admitidos a trámite por el alto tribunal, se suman a los interpuestos por otras entidades como Bankia, Globalvía y los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el acuerdo de interpretación del método para calcular la multimillonaria factura a la que deberá hacer frente el Estado por la quiebra de las concesionarias de las citadas autopistas, ahora en fase de liquidación y en manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).
En dicha metodología, el Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas (vía peajes).
OBRAS ADICIONALES
A esta cantidad se sumará el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías, pendiente de determinar, y se le restará las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición, así como las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la Administración.
Según una auditoría encargada a la empresa de ingeniería y consultoría Ineco, las autopistas rescatadas requieren inversiones de 370 millones.
En octubre del 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para el 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores. La estimación se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones.
Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.