El Gobierno ofrece más dinero a las renovables para evitar sus pleitos

El Gobierno ha aprobado la nueva retribución para las energías renovables en un real decreto con el que pretende poner fin a las decenas de litigios millonarios que acumula el Estado español por los recortes a las ayudas a las renovables del Gobierno de Rajoy, según ha anunciado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo establece un recorte general de la tasa de rentabilidad razonable de las plantas renovables, desde el 7,39% actual hasta el 7,09% en los próximos seis años, a partir del 1 de enero de 2020. En el caso de las plantas previas al año 2013, cuando se produjo el recorte a las renovables, pueden elegir la opción anterior o que se les mantenga la retribución del 7,39% actual durante dos periodos regulatorios, es decir, doce años (hasta 2031).

Esta medida es un alivio para los pequeños productores de energía fotovoltaica con instalaciones anteriores al 2013 que sufrieron el 'hachazo' del ejecutivo de Rajoy, pero también pretende serlo para los grandes fondos que invirtieron entonces en renovables atraidos por las primas y que, tras el recorte, decidieron denunciar al Estado español ante juzgados internacionales de arbitraje para reclamar una indemnización.

No obstante, la condición para mantener esa tasa del 7,39 es renunciar a presentar estas demandas y, en caso de tener un litigio abierto, ponerle fin. La ministra ha informado de que hay 45 laudos abiertos contra el reino de España por una cuantía total que asciende a 10.000 millones de euros. Hasta el momento se han perdido diez de estos pleitos y hay condenas por 821 millones de euros, aunque de momento no se ha ejecutado el pago de ninguno, según aseguro Ribera, que espera que este RDL "pueda mitigar el impacto y reducir la litigiosidad o invite a la renuncia del cobro".

Según informó Teresa Ribera, en España hay más de 64.000 plantas se vieron afectadas por esta modificación lo que supuso un desgaste importante en la apuesta por las renovables, sobre todo en aquellas zonas con más incidencial del sol como el Levante, Castilla-La Mancha y Andalucía "que vieron como tenían que afrontar decisiones de coste asociado al endeudamenteo", aseguró Ribera.

El Gobierno ha metido el acelerador tras las elecciones a una demanda que llevaban meses pidiendo a gritos los productores renovables, pues de no llevarse a cabo a partir del 1 de enero de 2020 perderían dicha rentabilidad. "Si no se aplicaba, se produciría una revisión a la baja dramática para muchos inversores", justificó Ribera, y de ahí su "urgencia" para poder tramitarse como real decreto ley. El Congreso de los Diputados debe ahora aprobar la medida antes de finalizar el año.

Además, el real decreto ley también incorpora una medida, para que en las zonas afectadas por el cierre de las plantas térmicas de carbón, que el punto de acceso y conexión a la red eléctrica y la concesión de agua se otorgado no con arreglo a la regla general (que el primero que llegue se lo queda) sino en base a criterios de calidad del empleo en la zona "para que se activen procesos de reactivación de la industria y el empleo en la zona", justificó Ribera.