‘Se trabaja con empresas de Medinaceli sin pensar si son del alcalde o concejal’

Una costumbre «de toda la vida» ha llevado al alcalde y al primer teniente de alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla y Javier Fernández, al banquillo de los acusados, ya que lo habitual en el pueblo, según declararon ante el juez, es que «siempre se ha trabajado con las empresas de Medinaceli, sin pensar si eran del alcalde o un concejal». Cuatro concejales de la oposición les denunciaron por entender que ambos incumplían la normativa al contratar el Ayuntamiento materiales y servicios con sus empresas, de electricidad y construcción, respectivamente. Por este motivo solicitan para ellos una pena de nueve meses de inhabilitación para cargo público.

Según indicó Utrilla en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal, son los propios operarios del Ayuntamiento de Medinaceli los que «se buscan la vida para solucionar los problemas del pueblo, van a la tienda o buscan a mis empleados. Yo no les llamo», lo que corroboró el teniente de alcalde asegurando que si los operarios «tienen que arreglar una avería y necesitan unas piezas van donde sea más rápido para solucionarlo».

Ese es el principal argumento de los acusados que insistieron en que los trabajos realizados y el material suministrado por sendas empresas lo fueron por razones de urgencia, respaldando la tesis de la Fiscalía, que no considera que haya delito en su actuación, que respondía «a los criterios de eficacia, rapidez y economía» para abastecerse en el mismo municipio.

No obstante, por parte de los querellantes, y tal y como declararon en el juicio, existen otras empresas en el pueblo que pueden prestar los mismos servicios, aspecto éste que los acusados rechazaron argumentando que en el caso de los servicios de electricidad que ofrece Utrilla, la alternativa es otro trabajador del sector «pero que vive en Soria», según dijo el alcalde de Medinaceli. «Les habíamos dicho en muchas ocasiones que no podían contratar desde el Ayuntamiento con sus empresas, pero contestaban que no éramos quienes para decírselo, que eso lo tenía que decir un juez», recalcó uno de los concejales de la oposición que denunció las prácticas en el Consistorio, insistiendo en que «se estaba dando preferencia –a las empresas de Utrilla y Fernández–, son exclusivas».

Uno de los aspectos clave en el procedimiento judicial es la aprobación, en un pleno municipal de octubre de 2012, de la incompatibilidad del alcalde y el primer teniente de alcalde de contratar con sus empresas, si bien los acusados alegaron que se produjo falta de quorum puesto que ellos dos y un tercer concejal se ausentaron, por tratarse asuntos que les concernían. Además, añadieron que uno de los ediles que votó la incompatibilidad no debería haber participado en la votación por cuanto su esposa, en calidad de farmacéutica, también presentó una factura al Ayuntamiento.

Desde el PP, el grupo municipal de los acusados, se presentó un recurso de reposición para anular la aprobación de la incompatibilidad, lo que se llevó al siguiente pleno, por lo que los dos acusados dieron por sentado que dicha incompatibilidad no existía y continuaron contratando con sus empresas, algo que se sigue produciendo. Tanto Utrilla como Fernández destacaron que el Ayuntamiento trabaja con sus negocios pero ninguna factura se ha ingresado en sus cuentas como particulares.

«Nadie nos notificó la incompatibilidad y por lo tanto el Ayuntamiento siguió funcionando como toda la vida», recalcó Utrilla, quien insistió en que «todos contratan con el Consistorio para las cosas necesarias y urgentes que están en el pueblo». Afirmó que solicitaron la anulación de la aprobación de la incompatibilidad, «se llevó a pleno el recurso y ahí se quedó». La relación del Ayuntamiento con sus empresas siguió igual, porque no tenían conciencia de que tuviera que ser de otra manera, vinieron a señalar los dos acusados.

De hecho, no fue hasta cuatro años después, en otro pleno, cuando se llevó al orden del día para votar, sin que los concejales de la oposición y denunciantes hubieran si quiera tenido constancia del mismo. Como dijo en el juicio uno de los concejales del PSOE, no se enteraron de su existencia «hasta que se resuelve cuatro años más tarde». Para entonces, la denuncia ya estaba presentada en los tribunales, un procedimiento judicial que ha llegado hasta hoy.

Sobre la razón de la querella, el alcalde mencionó una posible revancha porque los concejales de la oposición tenían una serie de obras «que no han podido legalizar si no presentan la documentación».

Otro aspecto de la denuncia por prevaricación se refiere a la concesión de una bonificación del 50% a una empresa constructora, que mientras los acusados sostuvieron que se aplicó por generar actividad y empleo, los querellantes indican que dicha bonificación está reservada a empresas empadronadas en la localidad, que no era el caso, recordando que el terreno que adquirió la constructora era de propiedad del alcalde.

El juicio está previsto que continúe hoy para quedar visto para sentencia.