La Fiscalía cambia de postura y ahora sí acusa de prevaricación a Utrilla

Las declaraciones de los testigos y de los propios acusados, el conjunto de pruebas de apoyo durante el juicio seguido en el Juzgado de lo Penal contra el alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla, y el teniente de alcalde, Javier Fernández, llevaron ayer a la Fiscalía a modificar sus conclusiones provisionales y considerar finalmente que los hechos por los que se les juzga, la prestación de servicios y materiales de sus empresas en el Ayuntamiento de presiden, sí son constitutivos de un delito de prevaricación. Según recalcó el Ministerio Fiscal, aunque en un principio sí consideró justificada la urgencia y necesidad de recurrir a estas empresas, los detalles puestos de manifiesto en el juicio llevaron a un cambio de postura.

El fiscal se adhiere de este modo a la petición de pena de la acusación particular, que ejercen cuatro concejales de la oposición en el Ayuntamiento, en este caso del PSOE, reclamando nueve meses de inhabilitación para cargo público. Hay que tener en cuenta que Felipe Utrilla además de alcalde de Medinaceli es diputado provincial por el PP.

El juicio, que se prolongó durante dos días, quedó ayer visto para sentencia. Desde la acusación recalcaron que ambos encausados cometieron prevaricación por cuanto cometieron una ilegalidad, –la prestación y contratación de servicios de sus empresas a pesar de ser cargos públicos y parte interesada como alcalde y teniente de alcalde, respectivamente, lo que es incompatible– de una forma «grosera y arbitraria», destacó la acusación, dado que «no es un caso aislado, sino que se ha mantenido durante seis años, hasta hoy».

Rebatió el letrado el argumento de la defensa que apeló a la cercanía y la urgencia como argumento para justificar que el Ayuntamiento de Medinaceli trabajara con las empresas de los acusados. «Hay empresas a 20 kilómetros que pueden hacer el mismo trabajo», señaló el abogado de la acusación.

Por su parte, la defensa de los dos acusados coincidió en señalar que la práctica de contratar con las mercantiles de los encausados se venía produciendo con anterioridad a sus cargos públicos, y por lo tanto los propios empleados municipales eran los que continuaban haciendo uso de esos servicios y materiales «como toda la vida».

Recordaron que aunque se votó en un pleno municipal, de octubre de 2012, la incompatibilidad para que el Ayuntamiento de Medinaceli trabajara con las empresas de Utrilla y Fernández, en dicha votación no había quorum, por cuanto fueron sólo tres los ediles que se pronunciaron y no estaba el presidente, el propio alcalde. El resto habían salido de la sala por estar implicados directamente. Una situación que fue objeto de recurso de reposición en la siguiente sesión plenaria por parte del PP, y ahora en su defensa sostienen que al quedar anulada la incompatibilidad continuaron sus empresas trabajando con el Consistorio ocilitano con la normalidad habitual.

En este asunto, desde la acusación manifestaron que el hecho de que el alcalde se ausentara del pleno no puede ser excusa para que no fuera válida la votación, pues en ese caso cualquier Ayuntamiento con mayoría podría habitarse a esta práctica para no cumplir la ley.

Tras la intervención de todas las partes y la declamación de sus conclusiones definitivas, los dos acusados aprovecharon su opción de última palabra. «Si se ha hecho algo ilegal, no ha habido ninguna intención», pronunció Utrilla primero y Fernández después, pues ambos sostienen que tras el recurso consideraron anulada la votación de incompatibilidad en el pleno.