Los usuarios de la AP-7 y la AP-4 se ahorrarán 380 millones al año

Los usuarios de la autopista de peaje (AP-7) entre Tarragona y Alicante y los de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que desde el día 1 de enero del 2020 dejarán de pagar por circular por esas vías de alta capacidad se ahorrará unos 300 millones de euros (290 millones), según los datos que maneja el Ministerio de Fomento, a quien le corresponde a partir de ahora la gestión de los 468 kilómetros --374 de la AP-7 y 74 de la AP-4-- de esas autopistas. La mayor parte de esa cantidad (unos 230 millones) corresponde a la vía que transcurre por el litoral mediterráneo y 60 millones a la que une las capitales andaluzas, ambas gestionadas por Abertis por medio de Aumar hasta ahora. La mayor parte del impacto del levantamiento des peajes en la vía litoral se concentran en la Comunidad Valenciana: unos 175 millones; el resto (55 millones) corresponden al tramo catalán de la AP-7. No obstante, Fomento calcula que si se considera el incremento del tráfico que se producirá en estas dos vías: un 30%, el ahorro total para los usuarios alcanzará los 380 millones de euros, de los que 300 millones se producirán en la vía mediterránea

Aunque el impacto económico se notará en el bolsillo de los usuario y en las cuentas de la empresa concesionaria, su repercusión también se dejará notar en los presupuestos del Estado, ya que el Ministerio de Fomento se hace cargo, a partir de ahora, de las labores de conservación que hasta ese momento realizaba la empresa concesionaria con cargo a los ingresos por peajes. Estas labores de conservación tienen un coste significativo, que debe ser asumido por el presupuesto destinado a carreteras del Ministerio, ha puntualizado fuentes de Fomento.

Fomento ha licitado cinco contratos de servicios para la conservación y explotación de ambas autopistas (uno por cada provincia afectada), por un importe de 32,4 millones anuales. No obstante, todavía no se han adjudicado. Además, se han licitado 12 contratos de concesión de servicios, para la gestión por cinco años, de cada una de las 12 áreas de servicio que existen en las autopistas que revierten (tres en la AP-4 y nueve en la AP-7). En este caso, será el adjudicatario el que deberá abonar al ministerio un canon por la explotación de estas áreas.

DÉFICIT EN INFRAESTRUCTURAS

En todo caso, son cifras que se suman al déficit que genera el mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado y que desde algunos organismos, como la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Cataluña (CCOC) se cifra en más de 7.000 millones de euros. El ministerio no tiene dinero para hacer frente al mantenimiento de todas las vías que deben volver al Estado, ha comenta Joaquín Llansó, presidente de la CCOC.

Desde Fomento no se confirma la cifra del déficit, pero se apunta que el presupuesto de carreteras ha disminuido durante los últimos años. La media desde el 2012 es de 850 millones de euros destinados a conservación, cuando antes de la crisis se destinaban 1.250 millones, y sin embargo, la red ha ido aumentando. La reversión de autopistas de peaje es un ejemplo significativo, al tener que gestionar el Ministerio, en el plazo de algo más de un año, 550 kilómetros más de autovías. A estos, en teoría se le sumarían los 425 kilómetros de Acesa, cuando venza la concesión, el 31 de agosto de 2021. Se trata de los tramos de la AP-7 de La Junquera a Barcelona y de Barcelona a Cambrils, además del de Montmeló a El Papiol, así como el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Todos ellos de Abertis, como los 60 kilómetros del tramo Montgat-Palafolls y del de la C-33 Barcelona-Granollers.

EFECTO EN EL TRÁFICO RODADO

Con lo económico, el impacto de la supresión afectará directamente al tráfico rodado que discurrirá por esas vías. O como lo denomina Pere Macias, ex consejero de Política Territorial y presidente de la Fundación Círculo de Infraestructuras, externalidad negativa de la eliminación de peajes: más tráfico y más emisiones de CO2, sin contar los menores impuestos recaudados por Hacienda.

Fomento espera que se produzca una redistribución del tráfico desde las carreteras convencionales que van paralelas a las autopistas, como la N-340 o N-332 en el caso de la AP7 o la N-IV en el caso de la AP-4. Este descenso mejorará sensiblemente la congestión y las condiciones de seguridad vial de estas vías paralelas y por otra parte, la mayor intensidad de tráfico de las autopistas harán que sea necesario adaptarlas a las nuevas condiciones de explotación. Básicamente, habrá que analizar los niveles de servicio del tronco y de los enlaces para ver si es necesario aumentar su capacidad, también aumentar la conectividad con el territorio a través de nuevos, considera Fomento.

Los únicos datos sobre aumento de tráfico que tiene el ministerio tras la supresión de peajes corresponde a la experiencia de la única vía revertida, la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Ha provocado que cada día casi 8.000 vehículos, en su mayoría camiones, hayan cambiado de carretera, desde la N-I a la autopista. Esto supone un incremento en la intensidad media diaria (IMD) de un 30%. Según Abertis, la intensidad actual del tramo Tarragona-Valencia de la AP-7 es de 12.023 vehículos y la del tramo sur es de 14.966.