La UE afronta la revolución del coche eléctrico

La Unión Europea se prepara para afrontar la revolución del coche eléctrico por la que aboga la Comisión Europea en su nuevo plan verde pero necesitará inversiones millonarias y nuevas infraestructuras para hacer realidad sus planes. Un estudio elaborado por la federación Transporte y Medioambiente (T&E) cifra en 2,9 millones los puntos de recarga necesarios -1,3 millones en 2025- para los 44 millones de vehículos eléctricos que estiman se necesitarán en 2030 para hacer realidad el objetivo de neutralidad climática en 2050.

Esto significa que los Estados miembros tendrán que multiplicar por 15 los 185.000 puntos de recarga disponibles actualmente -132.000 en 2017- en la UE, uno por cada siete vehículos. Un número suficiente para cubrir hoy día las necesidades del parque automovilístico, pero que se quedará corto a medida que se dispare la presencia de vehículos bajos en emisiones en las carreteras europeas en los próximos años debido a las nuevas exigencias en materia de reducción de emisiones CO2 para los fabricantes de coches.

El análisis de T&E también sostiene que el 78% de los puntos de recarga tendrán que distribuirse en los cinco mercados europeos más importantes: Alemania, Reino Unido, Francia, España e Italia. Según el mapa actual, los países más avanzados y que ofrecen más puntos de carga ultrarápidos son Reino Unido, Holanda, Alemania, Suecia, Austria y Dinamarca, con más de siete puntos de carga rápida cada 100 kilómetros . Otros como Eslovenia, República checa, Francia o Bélgica tiene una cobertura aceptable, mientras que la densidad es limitada en los países del sur como España, Portugal o Italia.

20.000 MILLONES EN 11 AÑOS

El informe pone el acento en la necesidad de priorizar la instalación de puntos de recarga en casas y oficinas. Además, según reivindican, entre el 20 y 30%, deberían situarse en zonas con baja población o en desventaja para garantizar que todo el mundo puede beneficiarse de vehículos bajos en emisiones. Este cambio de modelo exigirá importantes inversiones públicas y privadas, del orden de los 20.000 millones de euros durante los próximo once años, a razón de 1.800 millones anuales, para desarrollar puntos de carga públicos. Se trata, según T&E, del 3% del gasto anual en la UE en infraestructuras de transporte por carretera.

El pacto verde para el transporte solo podrá ocurrir con infraestructuras de emisiones cero y esto significa invertir en el establecimiento de una red de puntos de carga públicos, especialmente en casas y lugares de trabajo, y no construir más tuberías de gas, sostiene Lucien Mathieu, analista de movilidad de la federación, quien subraya también las oportunidades multimillonarias que creará en términos de negocio para la industria europea y el empleo.

NUEVO FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

La multiplicación de los puntos de recarga es uno de los elementos del Pacto verde propuesto por la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y figura en la hoja de ruta planteada a finales del año pasado por el Ejecutivo. T&E defiende que este nuevo pacto y los nuevos instrumentos financieros como el fondo de transición justa que Bruselas presentará en unos días- apoyen el desarrollo de infraestructuras y nuevas instalaciones de recarga que, según entienden, deben convertirse en el buque insignia del acuerdo verde para crear sinergias entre industrias de la economía descarbonizada y crear el ecosistema del sistema de movilidad eléctrico.

Según los cálculos de Bruselas, para 2025 se necesitarán entorno a un millón de puntos de recarga en la UE para los 13 millones de vehículos eléctricos que calculan habrá en las carreteras europeas y su intención es abrir este mismo año una nueva línea de financiación. La actual directiva sobre infraestructuras alternativas de combustibles fósiles solo exige a los Estados miembros que dispongan de un número adecuado de puntos de recarga para 2020 pero no fija ninguna cifra mínima. La intención de Bruselas, tal y como avanzó la presidenta Ursula von der Leyen a finales de diciembre, es revisar esta normativa, así como el reglamento sobre redes transeuropeas de transporte, para acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos y bajos en emisiones, y la legislación sobre normas de rendimiento de emisiones de CO2 a partir de 2025 para automóviles y furgonetas antes de junio de 2021.