La nueva ley desinfla la cifra de usuarios del bono social

El cambio de la normativa sobre el bono social eléctrico ha provocado un descenso importante en los clientes que hasta entonces se beneficiaban de este contrato del suministro. El nuevo bono, en vigor desde el 1 de enero del año pasado tras las prórrogas concedidas por el Gobierno central, llega en la provincia a 3.032 usuarios, según los datos facilitados por las compañías eléctricas, lo que supone una caída de un 40% con respecto a los contratos sociales que había hasta la publicación del Real Decreto, en octubre de 2018, cuando se superaban los 8.200. El principal motivo es el desconocimiento de la norma pese a las campañas informativas de la Secretaría de Estado de Energía pero también de las propias eléctricas, dado que en la actualidad es el propio cliente el que tiene que informar de su situación, dado que se les requiere por primera vez el nivel de renta, una práctica común en otros países de la Unión Europea pero hasta ahora no contemplada en España. Pero también se debe a que buena parte de los usuarios en la provincia contaban con una potencia eléctrica contratada en su vivienda habitual inferior a tres kilowatios, y la compañía eléctrica aplicaba la rebaja automáticamente.

Otro escollo de la nueva ley es que se debe renovar cada dos años, excepto para las familias numerosas. Para evitar que se siga desinflando el número de usuarios del bono social, los expertos plantean que se puede mirar a países como Portugal, donde el Ejecutivo central aplica el descuento de manera automática. Aquí se podría realizar cruzando los datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para verificar qué clientes reúnen los requisitos. De hecho, en el país vecino, al realizarlo directamente los beneficiarios pasaron de 140.000 a 820.000.

Ahora, los clientes del bono social, siempre y cuando estén acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), tienen que presentar su declaración del IRPF para que se les aplique un descuento del 25% si está considerado como vulnerable, o del 40% para un vulnerable severo que podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y en riesgo de exclusión. Las familias numerosas también pueden solicitar el bono, sin tener la obligación de presentar la renta, y los pensionistas con la retribución mínima.

Según recoge el Real Decreto, tienen derecho al bono social los suministros que, siendo personas físicas en su vivienda habitual acogidos al PVPC, sean familias numerosas, sin importar los ingresos, o pensionistas con la retribución mínima. El resto, si la renta conjunta anual de la unidad familiar es inferior entre 1,5 y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en función de los menores que haya (ninguno, uno o dos). Y en cuanto a los límites máximos de consumo, se sitúan entre los 1.200 kWh a los 2.040, también en función de los menores. Para las familias numerosas, 3.600 kWh, y 1.680, para los pensionistas.

Además, las compañías comercializadoras no pueden cortar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz para de dos a cuatro meses. Salvo en el caso de las familias numerosas, los consumidores con bono social deben renovarlo cada dos años.

Sigue también pendiente que el pago del bono social se realice en función del volumen de energía que comercialice cada empresa, algo que llevan reclamando las comercializadoras, dado que desde 2014 todas deben financiarlo pero no todas pueden concederlo. El actual sistema de financiación hace recaer el peso del bono social sobre las espaldas de las comercializadoras, que son las que gestionan la parte más pequeña del negocio eléctrico. Pagan las que menos ganan y lo hacen en proporción al número de clientes, no del volumen de energía que mueve cada empresa. Si todas las comercializadoras pudieran facilitar el bono social además de llegar al 40% de la población excluida, se evitaría el trasvase de clientes a las grandes empresas y se fomentaría la competencia en el sector. De esta manera, podrían ofrecer el bono todas las empresas que lo desearan, entre otras, las cooperativas energéticas de no lucro, que comercializan sólo energía renovable y apuestan por la democratización de la energía, como es la soriana Megara.

Y tampoco tiene demasiado sentido que a las familias numerosas se les aplique el bono social sin tener en cuenta sus rentas.