La Abogacía del Estado y Endesa se oponen a la venta de Aleia Roses

La Abogacía del Estado y la compañía eléctrica Endesa se oponen a la venta de Aleia Roses, tal y como han hecho constar en sendos escritos remitidos al Juzgado de lo Mercantil de Soria, donde se sigue el proceso de la compañía ubicada en Garray y que se encuentra inmersa en un concurso de acreedores desde octubre del año pasado tras acumular deudas que ascienden al menos a 29 millones de euros.

La oposición a la venta de la Abogacía del Estado y de Endesa formalizada en el Juzgado de lo Mercantil, que según las fuentes consultadas han hecho una buena argumentación técnica, suponen una nueva complicación en el proceso de salvación de Aleia, después de que JB Capital Markets haya decidido retirar su oferta de compra. La firma propiedad de Javier Botín se ha encontrado con el obstáculo de no poder utilizar la marca estrella de Aleia Roses, Red Naomi, al estar en manos holandesas y no haber podido alcanzar un acuerdo.

Por su parte, el administrador concursal tenía previsto presentar ayer un escrito al juez para impedir la retirada de la oferta de Botín, ya que considera que la información proporcionada en la operación es correcta.  En juego hay un millón de euros depositado por Botín, quien se ha encontrado que el valor de la empresa no es el mismo si no consigue seguir produciendo bajo la marca Red Naomi.

Por otro lado, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, descartó ayer que la institución pueda entrar en la empresa Aleia Roses, ahora en concurso de acreedores, en un modelo similar a lo que se hizo en el conflicto de la entonces Puertas Norma –ahora Norma Doors–, para salvar la empresa.

Las declaraciones de Serrano fueron ayer contundentes y formaron parte de una aclaración a unas manifestaciones anteriores que realizó a preguntas de  los periodistas, que le interrogaron por si cabría la posibilidad de que la Diputación entrase a la firma de las rosas ubicada en Garray, en un modelo similar a la que se hizo en su día con la planta de San Leonardo.

Entonces la Diputación provincial entró a formar parte de una sociedad en la que estaba un socio industrial, la Caja Rural y Soria Futuro.  En este punto Serrano manifestó, «estudiaremos la situación y ahora no se puede decir si  sí o si no». El responsable de la institución provincial también explicó que desconoce la situación y el problema que se ha generado en el seno del concurso de acreedores con la retirada de una oferta económica y reconoció que «la situación es complicada  y hay empleo en juego en una empresa que es referente en el sector».