La Abogacía reclama que primero se atienda el listado de acreedores de Aleia

La convulsa situación que vive Aleia Roses tras el anuncio de la retirada de la compra por parte de JB Capital Markets mantiene en vilo a los trabajadores, que permanecen en la incertidumbre sobre el futuro de la compañía de flores ubicada en Garray. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, confirmó ayer que la Abogacía del Estado había remitido un escrito al juzgado en el que  se «esgrimían argumentos técnicos jurídicos sobre la venta de la unidad productiva, un planteamiento en el que se atendiera en primer lugar el listado de acreedores».

 El representante del Gobierno en la provincia, matizó, eso sí, que la Abogacía «no se opone a la venta» de Aleia. No ha sido  este el único escrito remitido al juzgado, ya que según ha podido saber este periódico, Endesa hizo lo propio aunque desde la compañía eléctrica declinaron realizar manifestaciones al respecto. Tanto uno como otro forman parte del propio proceso del concurso de acreedores en el que la Seguridad Social ocupa el escalafón principal a la hora de atenderse los pagos pendientes.

Y el caso Aleia Roses queda ya a expensas de la jueza, después de que el administrador concursal le suministrara toda la documentación al respecto. La retirada «definitiva», eso sí, del grupo de Javier Botín ha supuesto un jarro de agua fría para el futuro de la compañía con la marca ‘Red Naomi’ como desencadenante, aunque los sindicatos ya han dejado claro que no se fiaban de la estrategia que ha seguido en la compra frustrada el menor de los Botín.

La jueza deberá tomar varias decisiones, y todas ellas fundamentales para el futuro de la compañía. Por un lado, si acepta la retirada de JB Capital Markets del proceso de compra, o por el contrario, el empresario pierde el millón de euros depositado como aval en un segundo plazo, ya que en el primero la cantidad era de 700.000 euros.

Aunque desde los sindicatos se ha especulado con la posibilidad de que la jueza pudiera abrir una segunda fase en la compra de Aleia Roses, para la concurrencia de nuevos compradores –o incluso el propio Botín, en una ‘suerte’ de abaratamiento de la que se hacían eco tanto UGT como CC OO–, lo cierto es que no figura como tal algo así en las bases de la venta de la unidad productiva de la firma garreña.

Y lo cierto es que CC OO insistió ayer en esa idea, por boca de su secretario general, Javier Moreno. «Nos tememos que quiera ir a una segunda vuelta donde quiera abaratar el precio de la unidad productiva», señaló el sindicalista. «Nuestra sensación personal es que como este es un grupo de inversión y se ve la única opción real, va a aprovechar esta situación para intentar abaratar el precio». En esta fase la base era de nueve millones de euros. La compañía de Javier Botín ofreció 9.001.000 euros de los cuales adelanto un millón. Moreno aseveró que «el administrador concursal está estudiando la posibilidad de solicitar daños y perjuicios».

Desde CC OO se recordó que preferían la llegada de un grupo industrial antes que un fondo de inversión dado que en el primer caso se apostaría por producir mientras que el segundo trabaja sobre la hipótesis de revender la compañía. «Decíamos que preferíamos que la unidad productiva la comparar un grupo empresarial que diera continuidad al cultivo de la rosa, entre otras cuestiones porque eso aseguraba más o menos el mismo número de trabajadores. Además, no se producía un parón en la actividad».

«Cuando nos enteramos de que era un fondo de inversión», prosiguió Moreno, «no nos gustó del todo porque los fondos de inversión lo que hacen es venir a ganar dinero. Vienen a reflotar para venderla en un plazo de tiempo y sacar un beneficio. Pero en cualquier caso era la única opción real encima de la mesa y siempre era mejor que hubiera una salida a que no existiera ninguna», reconoció a la empresa de botín. En la actualidad, eso sí, Aleia Roses «está trabajando a buen ritmo, sacando buena producción, tiene buena calidad y se está sacando al mercado. Hay dinero en tesorería y de las deudas que tiene la empresa alguna se sigue retrasando y a otras se les está haciendo frente».

Ahora «todo depende de lo que diga la jueza», incluso los plazos. El máximo responsable de CC OO en la provincia resumió que «esa es la situación. Por un lado la producción funciona, los salarios no corren peligro. Pero por otro está el tema digamos más burocrático. Confiemos en que se solucione el problema y que realmente la empresa siga funcionando en nuestra provincia». Ahora «nos toca ser optimistas» y confiar en que se pueda hallar una salida. «Todo depende de lo que diga la jueza».