El administrador arremete contra JB Capital: «Irresponsable e impropio»

Infundadas, irresponsables e impropias de un grupo como JB Capital». Así califica la Administración Concursal (AC) de Aleia Roses las razones expuestas por JB Capital Markets –empresa liderada por Javier Botín–para retirar su oferta por la fábrica de Garray. En un escrito durísimo presentado ante el Juzgado de lo Mercantil arremete contra los responsables de la única propuesta presentada. Además, vuelve a instar al Juzgado a que autorice la venta y apunta que sería «oportuno» pedir daños y perjuicios a JB Capital si se confirma su retirada del proceso.  Tras este escrito, el proceso sigue a expensas de que la jueza titular tome una decisión sobre la venta que se conocerá en los próximos días. 

En su escrito ante el Juzgado de lo Mercantil, al que ha tenido acceso este medio, la administración concursal responde a todas las alegaciones presentadas. En el caso de Endesa y la Agencia Tributaria su respuesta se fundamenta en cuestiones jurídicas en las que expone que no deben paralizar el proceso de venta. Más extensa, y mucho más contundente,  es la respuesta a la oferente, JB Capital. 

«Las ‘discrepancias’» que expone para retirarse del proceso la empresa de Botín se circunscriben, a juicio de la AC, «a argumentar sin la más mínima base legal o jurídica que no han tenido acceso a suficiente información y que no existe unidad productiva explicando que es dudosa la obligación de subrogación del contrato de licencia que vincula a Aleia con el titular de la patente de la Red Naomi  (Schreurs)». 

Para argumentar su respuesta el AC explica sus razonamientos en varios puntos. En el primer recuerda que las bases fueron presentadas «sin que nadie las cuestionara y ni realizar alegación alguna» y que JB Capital «las aceptó en su totalidad expresamente». En este sentido recuerda que la oferta presentara debía tener un carácter «vinculante e irrevocable para ser considerada». Sobre la información facilitada la AC defiende que ha estado «puntualmente informada»  y recuerda que la firma ya manifestó interés por Aleia desde octubre y que tanto a través de su representación legal como destacados dirigentes de la sociedad, como el propio Javier Botín, visitaron las instalaciones y mantuvieron reuniones con las partes implicadas. «Que JB Capital alegue ahora desinformación o desconocimiento es contrario a sus propios actos, desleal con el proceso y ofensivo para la AC», remarca. 

Sobre la oferta en sí, desde la administración se recuerda que JB Capital presentó la oferta con una aceptación expresa de las bases y que «lo hizo de forma voluntaria». Además recalca que la oferente «no ha realizado la identificación de los contratos que quieran subrogarse a pesar de haber sido requerido para ello». 

El asunto clave, tal y como se relata en la página anterior, son los contratos con Schreurs y Flora Holland. «De forma injustificada, y sin siquiera identificar los contratos», JB manifiesta que tendrá dificultades para subrogar los contratos con Flora Holland y Schreurs y que dicha dificultad «conlleva que a su juicio no existe la unidad productiva y se frustra el proceso de venta». Para la AC los problemas a los que alude JB Capital «no se corresponden con la realidad sino que se pretenden crear de forma artificial por la oferente» ya que la situación «está regulada por la Ley Concursal y el reglamento europeo de Insolvencia». 

Explicando la cuestión relativa a la subrogación de los contratos desde la AC se hace un repaso a la legislación vigente sobre la materia. y advierte que la misma «es sin duda conocida» tanto por JB Capital como por su representación legal (Garrigues). Expresamente la AC manifesta que el artículo 146 bis de la Ley concursal permite la cesión de contratos, licencias y autorizaciones sin necesidad de consentimiento.  «A juicio de la AC resulta lamentable y bochornoso que, tras 4 meses de análisis jurídico y económico, la oferente pretenda desligarse alegando una excusa tan inconsistente como  la mencionada», advierte.  A  mayores, incide en que JB Capital «ni siquiera ha explorado debidamente la situación» y que «lo que se entiende ya como el colmo del absurdo es que se alegue cualquier tipo de responsabilidad de la AC». 

La AC dedica un punto entero a explicar la «mala fe» de JB Capital y su responsabilidad. «Es impensable que un grupo como JB, que adquiere y administra cientos de sociedades, desconozca lo que significa realizar una oferta irrevocable y vinculante» y califica como «el colmo del abuso» que «pretenda desvincularse de su oferta vinculante y sin embargo ser tenido en cuenta en el siguiente proceso de venta. Sin comentarios».

Para la AC la forma de proceder de JB Capital desde la aceptación de la oferta «pone claramente de relieve su mala fe, retrasando el proceso , generando créditos contra la masa y, lo que es más grave, generando incertidumbre sobre el futuro de 251 trabajadores, que lejos de ser un número, son personas con nombres y apellidos», remarca. «Es inaceptable e impropio de un grupo como JB la falta de sensibilidad con las posibles repercusiones de su infundada decisión de retirar una oferta irrevocable», subraya. La AC califica su actitud de «incomprensible, soberbia e inaceptable». 

Por último, en relación a los daños y perjuicios, desde la AC considera que si el proceso se frustra JB Capital «perderá la totalidad de la cantidad aportada como financiación (un millón), que quedará directamente en beneficio del concurso». Además, tiene en cuenta otros factores fundamentados en que JB Capital debía haber asumido el control de la empresa desde el pasado día 1 de marzo. Si finalmente se retira del proceso la AC consideraría «oportuno» pedir daños y perjuicios por conceptos como el déficit patrimonial, la «eventual diferencia» de una nueva venta  de la unidad productiva y el precio ofrecido por JB Capital  (9 millones) y el perjuicio que pueda suponer que haya una pérdida de empleo sobre los 251 comprometidos por JB Capital.