CORONAVIRUS
El Gobierno reforzará los protocolos de traslados de migrantes tras el brote de Soria
Igea amenaza con tomar medidas contra el Ejecutivo central por incumplir el estado de alarma
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció ayer que el Gobierno trabaja en reforzar los protocolos de traslados de migrantes después del caso detectado en Soria –denunciado por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea– en el que un transporte desde Almería hasta la capital soriana se ha saldado con siete nuevos contagios. El Gobierno apuntó además que el contagio se detectó nueve días después de la llegada a España de los migrantes y que el contagio pudo producirse en nuestro país. Las autoridades sanitarias aseguraron ayer que el brote ya está bajo control y que el piso de Soria en el que se hospedan los 7 contagiados está bajo estrecha vigilancia. Igea advirtió ayer que no descarta tomar medidas contra el Gobierno por incumplir el estado de alarma. La polémica además llega el día que Soria acredita cero casos, tanto en las últimas 24 horas como en fechas anteriores.
Fue el vicepresidente Igea el que destapó el caso el lunes al hacer pública la carta enviada al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, donde detallaba el traslado a Soria de un grupo de migrantes desde Almería. Una de estas personas dio positivo por Covid-19 y posteriormente el virus ha afectado a otras seis personas. El ministerio explicó ayer que el traslado de personas en el marco de la Protección Internacional y la Atención Humanitaria «son consideradas actividad esencial durante el estado de alarma». Desde Migraciones indican que el pasado 20 de mayo llegó a España un grupo de 20 personas por «vía irregular» y que Cruz Roja «siguiendo su protocolo habitual» tomó la temperatura de estas personas y comprobó que «ninguna presentaba síntomas de Covid-19». En este sentido, desde el Gobierno recuerdan que la decisión de realizar pruebas PCR en el puerto de acogida «es competencia de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma –en este caso Andalucía–». Asimismo, destacaba que la toma de temperatura y la comprobación de síntomas «es coherente con los protocolos existentes».
Siempre según la versión del Gobierno, al no presentar síntomas se el 23 de mayo se derivó a seis personas de este grupo, a través de la Fundación Cepaim, a Soria. Desde el Gobierno puntualizan que «por lo que respecta al período y lugar de cumplimiento de la pertinente cuarentena, se ha determinado que debe realizarse ‘en el domicilio o alojamiento’. En este caso el alojamiento es el que les proporciona la ONG que los acoge»
La versión del Gobierno indica que el primer positivo se confirmó el día 29, es decir, nueve días después de la llegada a España del grupo de migrantes. Posteriormente se comprobó el estado de salud de las personas con las que convivía el paciente, los trabajadores de la fundación de acogida y el conductor del transporte que los trasladó a Soria. Como consecuencia de estas pruebas se detectaron otros seis positivos de los que, según el Gobierno, cuatro pertenecen al grupo de migrantes que llegó a españa el día 20. Además, también ha resultado contagiada un persona del dispositivo de acogida y un trabajador voluntario. «Según el estudio realizado, parece poco probable que el paciente cero hubiera llegado a España contagiado», aseguran. Desde ministerio inciden que los pacientes están cumpliendo cuarentena, que no han precisado hospitalización y que están sujetos a seguimiento sanitario.
La respuesta de Migraciones no fue la única sobre el polémico traslado que llegó ayer desde el Gobierno. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que el Ejecutivo está trabajando en «reforzar» los protocolos de trasladados tras el caso de Soria. «Estamos trabajando con el ministerio del Interior y con el de Migraciones para reforzar los protocolos para las personas migrantes que llegan a nuestro país», señaló. Illa también aseguró que el brote estaba «bajo control» y «localizado».
A pesar de las explicaciones del Gobierno, el enfado en la Junta sigue siendo mayúsculo. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, no descarta emprender medidas por el trato «inaceptable» y la «falta de respeto» que desde el Gobierno se ha dado a Castilla y León. Así lo ha manifestado Igea en declaraciones a Europa Press, en la que ha expresado su «profundo malestar» por la situación.
«Es inaceptable, no se puede trasladar en esas condiciones, sin conocimiento de las autoridades sanitarias y sin conocimiento de los responsables de la Junta», ha enfatizado Igea, quien ayer mantuvo una conversación con la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, a quien ha exigido toda la información sobre si se han producido movimientos similares en otras de las provincias de la Comunidad. El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, ha recordado que Soria ha sido una de las provincias más afectadas por el COVID-19 por lo que considera «tremendamente injusto» lo que ha hecho el Gobierno, y cree que se está pagando la «lealtad de Castilla y León con una deslealtad que no es admisible», por lo que no descarta ninguna medida máxime cuando no se han respetado las disposiciones del Estado de Alarma.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, expuso más detalles sobre el caso en el que varían algunos datos con respecto a la información del Gobierno. «El día 23 llegaron seis personas inmigrantes que habían llegado a España el día 20, a Almería», explicó añadiendo que «se distribuyeron en dos pisos de acogida». En el primero de los pisos, donde ya residían dos personas, se establecieron cuatro personas de ese grupo y en el segundo piso, donde había 4 residentes, se ubicaron los otros dos migrantes llegados de Almería. El día 27, según explicó la consejera, una de esas personas manifestó síntomas como fiebre y esto provocó que acudieran a un centro de Salud de Soria. «Se les hizo una toma de muestra de PCR y el día 28 se ve que es positiva», indicó añadiendo que «con este resultado se inicia el estudio de contactos». Los resultados de este análisis supuso que las seis personas del primer piso dieran positivo y también resultó contagiada otra persona que residía en el segundo de los pisos. Este último positivo se traslada al piso donde todos sus residentes estaban contagiados. Ahora mismo el primer piso está en «aislamiento» y el segundo piso en «cuarentena», «Ambos pisos están vigilados muy de cerca», remarcó. Tanto los técnicos de la ONG como los conductores «han dado negativo».
«Consideremos que no tienen que estar solo 72 horas en el sitio donde llegan, en plena pandemia se tenía que haber mantenido la cuarentena de 14 días y PCR a todos ellos y seguramente esto se hubiera evitado», manifestó Casado. «No entendemos que estando en la fase que estamos, en la que no podemos movernos entre Comunidades se hace un traslado desde Almería a Soria», subrayó insistiendo en que «Soria no necesita más casos de los que ha tenido». «En este época en la que van a llegar muchas más pateras hay que tener muy claros qué protocolos hay y aplicarlos», concluyó.
A nivel local, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, abogó por una «revisión» de los protocolos con el objetivo de minimizar los riesgos de contagios, aunque advirtió que Soria «ha sido y será siempre» una ciudad de acogida.El regidor cree que el caso es un oportunidad para «revisar los protocolos y garantizar y minimizar el riesgo de contagio en los desplazamientos oficiales autorizados». «El algo por lo que deben velar las administraciones, en este caso, el Gobierno de España», explicó.
Martínez también incidió en un llamamiento a la «prudencia y la cautela». «Las manifestaciones gruesas que crean un caldo de cultivo para propiciar el rechazo o el recelo a personas que vienen de fuer no son la mejor tarjeta de presentación», advirtió. «Soria y la sociedad soriana han sido siempre una ciudad de acogida», sentenció.
El PP de Soria por su parte exigió al Gobierno «que no trate a España como si fuera su cortijo». «Le exigimos el cumplimento de las normas exigibles a cualquier persona que llega desde el extranjero y debe realizar una cuarentena de catorce días al llegar a nuestro país. No es de recibo que sea el Gobierno el que se salte las normas a la torera, normas cuyo incumplimiento conlleva multas y sanciones porque se pone en peligro la salud pública», ha destacado el procurador popular Pedro Antonio Heras. «El debate no es si son inmigrantes ilegales o no, el debate es que el gobierno incumple las normas y pone a los sorianos en peligro», insistió. Cs Soria también se sumó a las críticas al Gobierno por el polémico traslado. «Reclamamos una explicación sobre este desplazamiento y su riesgo para la población soriana», señaló el portavoz municipal y vicepresidente de la Diputación, Saturnino de Gregorio. «Es una negligencia del Gobierno, se tenían que haber tomado las precauciones para evitar cualquier riesgo», aseveró.