Sociedad
«La concertada, lejos de ser un problema, es parte de la solución»
Concentración en Mariano Granados contra la Ley de Educación, con anuncio de manifestación en coche el 20 de diciembre
Concentración , ayer en Mariano Granados, en contra de la nueva Ley de Educación. VALENTÍN GUISANDE
La educación concertada manifestó ayer su rechazo en la calle a la nueva Ley de Educación. La plaza de Mariano Granados fue el lugar elegido por la comunidad educativa para expresar su disconformidad con la regulación que considera «sesgada, precipitada y sin consenso». Junto a la bola navideña, familias y profesores con los globos naranjas del color de la protesta de la educación concertada y pancartas mostraron su repulsa al texto normativo que se tramita. «La concertada, lejos de ser un problema es parte de la solución», expusieron en los primeros compases los concentrados, quienes después pudieron plasmar con una firma su apoyo a los planteamientos de la Plataforma Más Plurales, que a nivel nacional lleva el peso de la protesta y que lleva ya 1,8 millones de rúbricas recogidas, según expresaron los manifestantes. Como los trámites parlamentarios se aceleran (a finales de mes está previsto que el Senado se pronuncie en pleno), la organización ha convocado una manifestación en coche para el 20 de diciembre en las ciudades españolas. «Si no quieren ruido, lo van a tener más todavía», aseguraron.
La Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) «permite distribuir a los alumnos por centros, reduciendo significativamente la elección de los padres, un derecho avalado por la Declaración de los Derechos Humanos», asegura el manifiesto de Más Plurales sobre los motivos de preocupación y rechazo. Además, «es una Ley que rompe la complementariedad de redes reconocida en la Constitución y pone en duda la supervivencia de los centros concertados y de educación especial, entre otros muchos aspectos». En Castilla y León, el modelo de la concertada agrupa a más de 100.000 alumnos y 10.000 profesionales. En Soria son cuatro los centros afectados.
«No es tiempo de hacer leyes, no es tiempo de modificar a capricho una Ley sin escuchar los expertos de educación, sin el mínimo consenso social y político», indica el documento, que lamenta las formas y tiempos, «aprovechando circunstancias especiales, porque no podemos quejarnos ni salir a la calle masivamente como en otros momentos». La nueva Ley «no garantiza los derechos fundamentales de la libertad, de la libre elección de centro» y «pone en riesgo el derecho fundamental a que nuestros alumnos se eduquen en un sistema plural, en el que todos tengamos cabida».
La organización rechaza «recortes a nuestra libertad de enseñanza» y defiende la «complementariedad de las redes pública y concertada», frente al objetivo de una «distribución del alumnado pro encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las demandas de las familias».
«No aceptamos el modelo de inclusión radical que presenta la Ley Celaá y que conduce a los centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias», señala el manifiesto, que en este área pide «una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial».
La Plataforma reclama «la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos» y denuncia «una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista».