Acusan a la alcaldesa de San Esteban de prevaricación urbanística por omisión

Una construcción en suelo no urbanizable que data de 2011 y que ahora ya dispone de cerramiento vallado, placas solares e incluso antena de televisión, es la causa de la acusación que ha formulado la Fiscalía sobre la alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera, y el concejal de Urbanismo hasta 2019, C.R.C. Les atribuye un delito de prevaricación urbanística omisiva por no haber tomado medidas, tras su incorporación al Ayuntamiento en 2015, para «la restauración de la legalidad de la construcción, ni de otras que existen en las mismas condiciones». Recalca el fiscal la «inactividad del Ayuntamiento» al no haber iniciado ni resuelto los expedientes sancionadores previos, sin realizar inspecciones para la evolución de la obra y todavía sin aprobar las nuevas normas urbanísticas municipales, «provocando la consolidación del daño al espacio protegido, que tiene carácter de suelo no urbanizable». La denuncia parte del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria y el fiscal pide para cada uno de los dos acusados una pena de dos años de cárcel, multa de 6.480 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La obra de la construcción se remonta a 2011, en el polígono del término de San Esteban de Gormaz. En una inspección ocular se comprobó que constaba de cuatro paredes, sin tejado, y entonces el Ayuntamiento emitió un informe sobre la edificación en el que identificaba a los propietarios de la parcela y se informaba de que no se había concedido licencia municipal para la construcción puesto que el suelo era no urbanizable, en concreto, con nivel de regulación básica, cuyos usos están relacionados con la producción agropecuaria y el mantenimiento del medio natural.

Dicho informe recogía que la construcción no es susceptible de ser autorizada, puesto que no se adaptan en su uso a los establecidos en las normas urbanísticas de San Esteban que se hallaban vigentes en el momento de la construcción.

Una posterior inspección evidenció que ya contaba con tejado y se estaban realizando tareas de rematado de los interiores, por lo que siguió ampliándose sin licencia. A continuación, el propio Ayuntamiento afirmó en 2011 que en las nuevas normas urbanísticas entonces en tramitación se intentaba dar una solución a esas pequeñas construcciones como casillas o merenderos que se levantaban en suelo rústico, al haberse identificado otras construcciones de las mismas características. Por ello, desde el Juzgado Instructor se decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones, a expensas de que actuara el Consistorio.

Pasaron cinco años y en 2016, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria presentó una denuncia sobre la edificación, ya con María Luisa Aguilera como alcaldesa, desde junio de 2015. A ello contestó el Ayuntamiento que el Servicio Técnico municipal había propuesto el inicio del procedimiento para la restauración de la legalidad. Según el escrito de acusación, fue al no recibir respuesta del Consistorio sobre dicho expediente cuando, ya en 2019, se formalizó una nueva denuncia que quedó sin contestación.

Además, el equipo de Seprona de la Guardia Civil solicitó al Consistorio sanestebeño información sobre las medidas de protección de la legalidad urbanística adoptadas hasta el momento. El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz informó de que no lo había hecho, hasta la fecha, y que la conclusión del informe del Servicio de Asistencia Técnica Urbanística de la Mancomunidad de Mío Cid era que la construcción podría legalizarse una vez aprobadas definitivamente las normas urbanísticas municipales, siempre y cuando se adaptara a determinadas condiciones legales. La Fiscalía recalca que «en todo ese tiempo, no se había adoptado medida de ningún tipo en relación a la citada construcción». En 2019 ya estaba terminada, disponía de cerramiento del perímetro con valla metálica, dos placas solares y antena de televisión.

En mayo de 2020, cuando se dictó el auto de procedimiento abreviado, el nuevo planeamiento todavía no se había aprobado en San Esteban, apunta el fiscal, por lo que señala que «durante todo el periodo en que los acusados han desempeñado sus cargos en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, como alcaldesa y concejal de Urbanismo, no han desarrollado ninguna actividad encaminada a la restauración de la legalidad de la construcción citada, ni de las otras que existen en las mismas condiciones» y que han proliferado, añade, «por la inactividad del Ayuntamiento», que tampoco ha iniciado ni resuelto los expedientes sancionadores propuestos. Dice la Fiscalía que el Ayuntamiento sólo ha anunciado la aprobación de la nueva normativa urbanística, que tiene pendiente desde 2011.

El juicio está previsto para el 19 de marzo en la Audiencia Provincial de Soria.