Ultimátum de una semana a la firma de la estación de autobuses

Una semana de plazo para explorar vías de solución o si no se aplicarán los recursos de que dispone la normativa. Es el ultimátum que dirige la Junta a la empresa concesionaria de la estación de autobuses, después de que en estos días se haya puesto sobre la mesa la situación del servicio y, especialmente, la de los trabajadores. Unos empleados que llevan meses sin cobrar y han emprendido pleitos por ello. Tal y como estaba previsto ayer tuvo lugar la reunión entre la Junta, la empresa y la representación de los empleados. Al encuentro asistió el  director general de Transportes de la Junta, Ignacio Santos, junto a la delegada territorial, Yolanda de Gregorio.

La postura pasa por una solución el próximo lunes, bien a través de lo que pueda presentar la firma en materia de viabilidad, bien en caso de que lo primero no llegue, mediante las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos del Sector Público. En todo caso se considera que el plazo es un punto de no retorno, dado que hay que garantizar el servicio público de la instalación y los derechos de los trabajadores. Así  lo confirmó  por parte de los trabajadores el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FSMC) de UGT Soria, Miguel Ángel Gómez. «Van a garantizar el servicio y el empleo», explicó sobre la reunión que en general dejó  buena impresión. Y es que aunque la respuesta llega «tarde» y la situación de los empleados es «grave», una semana «creo que se podría esperar», dado el tiempo que se arrastra el conflicto. En este sentido, «la administración competente se ha puesto a trabajar» y «tenemos que confiar».

El lunes es una fecha significativa, dado que «tenemos otro acto de conciliación» de un trabajador. Algo que podría complicar más el futuro de la empresa, dado que se podría solicitar el «embargo y que no tuviera que acudir a su puesto de trabajo». O sea, que el lunes es un «límite» cierto suceda lo que suceda con la viabilidad que pueda aportar lla firma o, en su caso, la Comunidad Autónoma apelando a la Ley de Contratos del Sector Público. La representación de los trabajadores se interesó por las posibilidades de la retirada de la concesión, si bien en este escenario la administración se mostró cauta, remitiéndose a «lo que permita la Ley».

Los abogados Agustín López y José Pedro Pérez asistieron a la reunión en representación de parte de los socios de la empresa concesionaria. Por parte de los trabajadores Gómez estuvo acompañaron por Pablo Soria y María José Molina. La negociación laboral es llevada a cabo por UGT.

Salvo el puesto de limpieza a media jornada, los otros tres no cobran desde el mes de octubre, según han denunciado los sindicatos. Uno de los empleados entabló pleito en enero y no tiene que ir a trabajar. Los otros dos también han emprendido acciones legales y sí tienen que cubrir su jornada. La empresa está al frente del servicio desde hace una treintena de años, cuando se le otorgó la concesión con un horizonte de 75. Los pagos a la Seguridad Social se encuentran al día.

Además del frente de los trabajadores, hay que tener en cuenta el decaimiento arrastrado por la estación desde la crisis financiera de 2008, agravado por la pandemia desde el año pasado. Entre esto y el estado de las instalaciones se ha producido una merma de líneas. La presencia ayer del director general de Transportes de la Junta fue interpretada como indicio de la repercusión de lo que sucede. El de la capital soriana es «el único caso en el que hay un problema claro», explicó López. Y desde la Comunidad Autónoma «se han dado cuenta de la gravedad del asunto», estimó.