La Junta insiste al Gobierno para aplicar la fiscalidad diferenciada

La provincia de Soria en general y el sector empresarial en particular esperan con ansiedad la confirmación por parte del Gobierno de que en el año 2022 se aplicarán en la provincia -y al menos en Teruel y Cuenca-  las medidas de fiscalidad diferenciadas autorizadas por la UE. Desde la Junta de Castilla y León también se está empujando al Gobierno central y en la última comisión sectorial de Reto Demográfico se recordó que «nada impide» que se pongan en marcha estos mecanismos financieros. 

El director de Ordenación del Territorio y Planificación de la Junta de Castilla y León, Antonio Calonge, acudió, en representación del Gobierno autonómico, a la reunión celebrada el pasado jueves de la comisión sectorial del Reto Demográfico. Desde el Gobierno de Castilla y León se ofreció «lealtad», pero también se exigió la fiscalidad diferenciada. «Hoy he asistido a la comisión sectorial de reto demográfico manifestando la voluntad de colaboración leal con el Gobierno de la nación y recordando a éste que nada impide que haga efectivo una fiscalidad diferenciada para Soria», explicaba Calonge al término de la reunión a través de su perfil en redes sociales. 

El cambio de directrices aprobado por la UE el pasado mes de abril establece, según explicaron desde la Red SSPA, que las empresas en  territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado pueden recibir ayudas de funcionamiento de hasta el 20% de sus costes laborales para corregir las desventajas competitivas que supone desarrollar su actividad en territorios con graves problemas demográficos. En España solo afecta a Soria, Cuenca y Teruel, pero en Europa la medida también beneficia a territorios de Croacia, Grecia y Letonia. De esta forma se equiparan con las ayudas que venían percibiendo regiones despobladas de Noruega, Suecia y Finlandia.

Los cálculos realizados por la red SSPA – una de las organizaciones más implicadas en procesos de acpetación de las ayudas – estiman que, en conjunto, la aplicación del nuevo marco tendrá  un impacto de 160 millones en las cuentas de las empresas –40 Soria, 64 Cuenca y 55 Teruel–. Precisamente, la red SSPAanunció, a finales de abril. que estaba en conversaciones con el ministerio de Hacienda con el objetivo de celebrar una reunión para abordar la aplicación de estas ayudas y sus diferentes fórmulas. Desde la SSPA se apuesta por el denominado, vigente desde hace décadas, y que simplifica la aplicación estableciendo bonificaciones directas en la cuota a la Seguridad Social, pero el modelo definitivo que se aplicará depende del Gobierno. 

Debate

En principio, desde la SSPA se considera que alrededor del 90% de las iniciativas empresariales de los territorios afectados podrán acogerse a los apoyos fiscales. Entra cualquier tipo de empresa,  que estén ubicadas en los territorios marcados, siempre y cuando no superen los 250 trabajadores y un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros. Sí quedarían fueras aquellas que reciban ayudas desde la PAC o los fondos de Transición Justa. 

Una de las cuestiones a dilucidar aún es la fórmula de aplicación. Hay varias alternativas que van desde ayudas directas a bonificaciones o exenciones impositivas, pasando por la reducción de cuotas de la Seguridad Social. Desde la SSPA se apuesta, en principio, por el «modelo noruego» en el que directamente se aplica una redacción de costes en la cuotas de la Seguridad Social. Una de las ventajas es que no habría ni que solicitar la aplicación y se trata de un modelo sencillo. Otro de los aspectos que el Gobierno está terminando de perfilar es la posibilidad que territorios limítrofes a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel puedan verse beneficiados también por este tipo de ayudas. 

A principios de la pasado mes de junio y coincidiendo con la visita a Soria de representantes del Gobierno para presentar los avances de proyectos de la provincia como la nueva cárcel o el Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, el alcalde de la capital, Carlos Martínez, aseguraba que se está trabajando en la aplicación de la medida con responsables del ministerio de Trabajo, Hacienda y Reto Demográfico para activarla «lo más rápido posible». Martínez recordó que una de las cuestiones que se están analizando es la extensión de las bonificaciones a los «entorno comarcales» de los territorios ya definidos –Soria-Cuenca y Teruel–. «Se está trabajando en ese mapa», subrayó. «No hay una fecha, pero si hay una voluntad clara de abordar esta cuestión por parte del Ministerio de Hacienda, hay voluntad política y ojalá lleguemos al próximo presupuesto», indicó Martínez. En este sentido, cabe recordar que arranca un periodo clave ya que el Gobierno ya puesto en marcha los procesos de elaboración del presupuesto. Sin ir más lejos esta semana se aprobó el techo de gasto y se espera que las cuentas se presenten entre septiembre y octubre.