Heraldo-Diario de Soria

Empleo

El retorno voluntario se desinfla entre los parados extranjeros

Desde 2018 ningún inmigrante ha solicitado el cobro anticipado por desempleo para regresar a su país de origen; sólo en los años de crisis de 2008 a 2013 lo utilizaron 156 personas

No hay solicitudes de retorno voluntario desde 2018

No hay solicitudes de retorno voluntario desde 2018

Publicado por
IRENE LLORENTE YOLDI
Soria

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El retorno voluntario ha dejado de tener en Soria su efecto entre los inmigrantes como una medida de apoyo para regresar a su país cuando se quedan sin empleo, dado que desde hace cuatro años no lo ha solicitado ningún parado extranjero en la provincia. El último en tramitarse fue en 2017 según los datos facilitados a este periódico por la Subdelegación del Gobierno en Soria, quien recibió una indemnización anticipada por desempleo de 16.427,80 euros. El año anterior solicitó el retorno voluntario otro inmigrante parado, al que le correspondió una prestación de 6.457 euros. El arraigo a Soria y la disponibilidad de empleo en la provincia son los dos factores determinantes que también 'han sobrevivido' a la pandemia, puesto que han tenido cobertura Covid con los Ertes.

Han sido 179 los beneficiarios de un total de 222 ciudadanos extracomunitarios que desde 2008 se han quedado en el paro y han solicitado el desembolso del pago acumulado y anticipado de la prestación por desempleo para regresar a sus países. Un desembolso que le ha supuesto al Gobierno central más de 2,5 millones de euros.

El Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social puso en marcha esta medida para facilitar la vuelta a los ciudadanos extracomunitarios a sus respectivos países de origen. Sólo entre 2008 y 2013 utilizaron el retorno voluntario 156 personas. Pero lo solicitaron 195, ya que se denegaron siete expedientes por no cumplir los requisitos y otros 32 desistieron. Fue en 2012 cuando más beneficiarios hubo, 39. Otros 34 en 2013, a quienes el Gobierno pagó 471.555 euros. Luego ya en 2014 se redujo a la mitad, con 16 inmigrantes que solicitaron el abono anticipado de la prestación contributiva por desempleo a personas trabajadoras extranjeras que retornan a su país de origen, nueve ecuatorianos, cuatro bolivianos, dos colombianos y un uruguayo. Les correspondió un total de 186.595 euros. Ya en 2015 sólo cinco desempleados pidieron el retorno voluntario. La suma de las prestaciones que recibieron alcanza los 79.940 euros. Eran cuatro ecuatorianos y un peruano. Y desde 2016 sólo se han marchado dos extranjeros gracias a esta medida, uno en 2016, En 2016, un peruano al que le correspondió una prestación de 6.457 euros, y otro el año pasado, un boliviano retornó a su país por un importe de 16.427,80 euros.

Para poder cobrar el pago acumulado y anticipado de la prestación contributiva por desempleo debe ser nacional de uno de los 26 países que tenga convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social (Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Japón, Marruecos, Méjico, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay, Venezuela, El Salvador, República de Corea, República de Cabo Verde y República Popular China) y tener residencia legal en España. Quedan excluidas las personas nacionales de los países que forman parte de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo, de Suiza, personas apátridas y quienes tengan doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la de un país que tenga convenio bilateral con España en materia de Seguridad Social y la otra sea la española o la de un país de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza.

También debe estar en desempleo e inscrito o inscrita como demandante de empleo y tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial. Igualmente, tiene que asumir el compromiso de retornar a su país de origen, en su caso, en compañía de las personas de su familia reagrupadas que no tengan autorización de residencia independiente, en el plazo máximo de 30 días naturales a partir de la fecha del primer pago en España, y el compromiso de no retornar a España en el plazo de tres años. Y no estar afectado por alguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

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