Aparicio critica la falta de respuesta de Sánchez a las ayudas que aprobó la UE

La red SSPA – que integran las organizaciones empresariales de Soria, Cuenca y Teruel – celebró ayer sus ocho años de fructífera unión con el objetivo de combatir la despoblación. La efeméride llega en un momento «clave» para el lobby que lanzó una nueva exigencia al Gobierno para que las denominadas ayudas de funcionamiento, aprobadas por la UE en abril, se activen el próximo 1 de enero de 2022. FOES recuerda que las medida fue avalada por la Comisión europea y lamenta que la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo central. «Nos sentimos como en un partido de ping-pong», explican.  

El presidente de la patronal soriana, Santiago Aparicio, fue el encargado de desgranar cuáles son los principales retos del grupo apuntando en primer lugar a que los fondos de recuperación lleguen a «todos los autónomos y pymes» de las tres provincias. La SSPA también ve «esencial» que haya una «ruralización» de la normativa». No obstante, el reto más «urgente» es poner en marcha las ayudas de funcionamiento que la Comisión Europea autorizó el pasado mes de abril. Estas ayudas supondrían un ahorro del 20% de los costes laborales a las empresas radicadas en las tres provincias. 

«Está todavía pendiente desde abril, ha sido nuestro objetivo de siempre», recordaba Aparicio. El presidente de FOES insistió en que la Comisión avaló que hubiera un «tratamiento diferenciado» para las tres provincias y que desde el mes de abril se han puesto en contacto con diferentes departamentos del Gobierno «en numerosas ocasiones». «Nos sentimos como una pelota de ping-pong», manifestó Aparicio incidiendo en que «nos dicen que vayamos a Hacienda, vamos, hablamos, no mandan a Reto Demográfico y desde allí a Hacienda, y de nuevo al ministerio de Seguridad Social...». «Después de 5 meses nos inquieta que no se haya dado ningún paso para su activación», advirtió. 

Aparicio recalcó que estas bonificaciones son «una oportunidad única» para las provincias y que están «preocupados» porque «después de todo el esfuerzo realizado se conviertan en otra oportunidad perdida». La SSPA seguirá insistiendo si bien «la falta de respuesta nos indica que no hay un interlocutor y dudamos de que constituyan una prioridad para el Gobierno del presidente Sánchez».  Desde la SSPA se instó a la sociedad a reclamar la activación para su puesta en marcha en enero del 2022. «Con la aprobación de la UE conseguimos lo más difícil, pero ahora que jugamos ‘en casa’ queda mucho por recorrer», remarcó. 

La directora general de FOES, Marian Fernández, recordó que «aún estamos a tiempo» de activar las ayudas y que lo que se necesita es «regular las bases». Fernández puso el límite de espera en la aprobación de los Presupuestos del Estado y en caso de no estar listas en ese momento, su aplicación podría retrasarse hasta enero del 2023. «La Comisión europea no entendería que no se pusieran en marcha, estas ayudas solo están disponibles para territorios del norte de Europa y nosotros», subrayó.  Tanto Aparicio como Fernández recordaron el «rotundamente sí» pronunciado por la titular de Hacienda, María Jesús Montero, en noviembre del 2020, sobre la aplicación de las ayudas de funcionamiento. «Si beneficiara a otras zonas del país que están más avanzadas, ya se hubieran aplicado», sentenció Aparicio.