Los nuevos requisitos dejan a 5.300 sorianos sin bono social eléctrico

Las restricciones implícitas en el cambio de la normativa sobre el bono social eléctrico han provocado un descenso importante en los clientes que hasta entonces se beneficiaban de este contrato del suministro. El bono llega en la provincia a apenas 2.842 usuarios, según los datos facilitados por el Ministerio de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que supone una caída a un tercio con respecto a los contratos sociales que había hasta la publicación del Real Decreto, en octubre de 2017, cuando se superaron los 8.200. Así, son 5.300 clientes menos que hace cuatro años en la provincia.

De ellos, 1.149 son considerados vulnerables severos, 635 tienen la catalogación de vulnerables, 497 familias numerosas vulnerables, 169 familias vulnerables severas, 140 pensionistas con pensión mínima vulnerables, 230 pensionistas con pensión mínima vulnerables severos y 4 en otros aspectos como desempleo, ERTE o reducción de jornada.

El principal motivo es el desconocimiento de la norma pese a las campañas informativas de la Secretaría de Estado de Energía, pero también de las propias eléctricas, puesto que en la actualidad es el propio cliente el que tiene que informar de su situación, dado que se les requiere el nivel de renta, una práctica común en otros países de la Unión Europea, pero hasta 2017 no contemplada en España. Otro escollo de la nueva ley es que se debe renovar cada dos años, excepto para las familias numerosas. Pero sobre todo se debe a que buena parte de los usuarios en la provincia contaban con una potencia eléctrica contratada en su vivienda habitual inferior a tres kilovatios, y la compañía eléctrica aplicaba la rebaja automáticamente.

Aunque la mayor ‘sangría’ se registró el primer año, precisamente porque se eliminaron los contratos de menos de tres kilovatios y se impusieron las condiciones económicas para solicitarlo, cada año se van ‘perdiendo’ clientes, 41 menos de 2020 a 2021. Para evitar que se siga desinflando el número de usuarios del bono social, los expertos plantean que se puede mirar a países como Portugal, donde el Ejecutivo central aplica el descuento de manera automática. Aquí se podría realizar cruzando los datos de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para verificar qué clientes reúnen los requisitos. De hecho, en el país vecino, al realizarlo directamente los beneficiarios pasaron de 140.000 a 820.000.

Ahora, los clientes del bono social, siempre y cuando estén acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), tienen que presentar su declaración del IRPF para que se les aplique un descuento desde octubre (y hasta el 30 de abril) del 60% (antes del 25%) si está considerado como vulnerable, o del 70% (antes 40%) para un vulnerable severo. Si, además, se le considera consumidor en riesgo de exclusión social, porque requiere para que los servicios sociales de una administración autonómica o local paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.

Además, debido a la crisis provocada por la pandemia, son considerados consumidores vulnerables y podrán acceder a un 60% de descuento en su factura eléctrica aquellos usuarios que estén en situación de desempleo, afectado por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o en caso de ser empresarios, aquellos que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

Este bono se puede solicitar por teléfono, correo electrónico, correo ordinario o fax directamente a alguna de las comercializadoras de referencia, quienes tienen la obligación de ofrecer y financiar el bono social. Las familias numerosas también pueden solicitar el bono, sin tener la obligación de presentar la renta, y los pensionistas con la retribución mínima.

Según recoge el Real Decreto, tienen derecho al bono social los suministros que, siendo personas físicas en su vivienda habitual acogidos al PVPC, sean familias numerosas, sin importar los ingresos, o pensionistas con la retribución mínima. El resto, si la renta conjunta anual de la unidad familiar es inferior entre 1,5 y 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en función de los menores que haya (ninguno, uno o dos). Y en cuanto a los límites máximos de consumo, se sitúan entre los 1.200 kWh a los 2.040, también en función de los menores. Para las familias numerosas, 3.600 kWh, y 1.680, para los pensionistas.

La anterior Ley, de 2013, estipulaba unos requisitos relativamente sencillos para poder acceder al bono social, entre los que se incluían tener 60 años o más y ser pensionista por jubilación o viudedad. Así, podían solicitar este descuento los usuarios con una potencia eléctrica contratada en su vivienda habitual inferior a tres kilovatios, y la compañía eléctrica aplicaba la rebaja automáticamente, no hacía falta solicitarlo como con la nueva legislación. También podían tramitarlo los usuarios con una potencia contratada superior a los 3 kW e inferior a los 10 kW, siempre que fueran pensionistas de más de 60 años con prestación mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad; familias numerosas y aquellas en las que todos sus miembros estuvieran en paro. En todos los casos se les aplicaba un descuento del 25% sobre la antigua tarifa regulada, denominada PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor).

El ‘pero’ surgió precisamente cuando se reconoció el derecho a esta tarifa en el caso de que la potencia contratada en su vivienda habitual fuese inferior a 3kW pero sin atender a ningún criterio económico ni de situación de vulnerabilidad, ya que «motivó que el 72% de los beneficiarios del bono social lo fueran por esta causa», indican desde las eléctricas, ya que justifican que «aunque tener contratada una potencia reducida puede ser, en ciertos casos, un indicador de bajo nivel de renta, pero la realidad es que en la parte de los casos se trata de consumidores cuyo nivel de renta no justificaría la aplicación de una medida asistencial como es el bono social».