El Gobierno pone en cuestión la fiscalidad diferenciada y apuesta por «subvenciones»

La aplicación de la denominada fiscalidad diferenciada en Soria no supondrá beneficios fiscales a las empresas. El Gobierno, a través de una respuesta parlamentaria, manifiesta que su apoyo a los territorios despoblados como Soria se traducirá en «ayudas y subvenciones» que, a su juicio, permiten una «mayor inmediatez» en la concesión y una «adecuada selección de los beneficiarios». La respuesta del Ejecutivo central descarta, en la práctica,  la aplicación directa de una reducción de hasta el 20% en las cuotas de la Seguridad Social a todas las empresas establecidos en Soria y las que pudieran instalarse –con menos de 250 trabajadores y menos de 50 millones de volumen de negocio–, tal y como reclama  la patronal soriana. 

Hace justo un año el cambio de directrices aprobado por la Comisión Europea abrió la puerta a que los territorios con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado recibieran ayudas de funcionamiento que cubrieran hasta el 20% de sus costes laborales. Este cambio equiparaba a Soria, Cuenca y Teruel con las regiones del norte de Europa que ya tenían activado este mecanismo. Aunque no se especificaba la fórmula a aplicar, la patronal soriana –que junto a Cuenca y Teruel habían impulsado el cambio normativo a través de la red SSPA– apostó siempre por el denominado ‘modelo noruego’  que directamente suponía la reducción de las cuotas de la Seguridad Social. 

El Gobierno dio un primer paso para su aplicación con la introducción en la Ley de Presupuesto de 2022 de la disposición adicional 123. En ella se instaba al Gobierno a establecer las vías para «el máximo aprovechamiento» de las posibilidades de ayudas aprobadas por Europa. Aún se desconoce que fórmula pretende aplicar el Gobierno, pero a través de una respuesta parlamentaria parece claro que la intención está muy alejada de aplicar beneficios fiscales en las tres provincias. 

Varios diputados del grupo de Vox en el Congreso hicieron suyas varias reclamaciones de la patronal soriana para plantear al Gobierno por la posibilidad de desarrollar en Soria «una fiscalidad más favorable para empresas y trabajadores que habitan en las zonas más despobladas de la provincia». El Gobierno arranca su respuesta–fechada el 29 de marzo, pero publicada esta semana con la firma de la  Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y asuntos constitucionales–,   recordando la disposición adicional 123 y el mapa de ayudas de finalidad regional enviado a la Comisión y que en estos momentos ya está aprobado –incluye hasta un 20% de ayudas para las empresas de la provincia–.

Desde el Ejecutivo central aseguran que están trabajando «intensamente» todos los ministerios competentes en la materia para «definir el conjunto de medidas» que «dentro del marco jurídico descrito permitan impulsar la actividad económica en estos territorios». No obstante, indica que el establecimiento de incentivos fiscales de carácter territorial «incidiría en determinado principios básicos orientadores de nuestro sistema tributario como son los de neutralidad, generalidad y capacidad económica». 

Para el Gobierno, los incentivos fiscales de ámbito territorial «pueden suponer de algún modo la existencia de discriminaciones entres residentes de distintas Comunidades» o «influir en las decisiones de establecimiento de personas y entidades». Sorprende esta afirmación cuando precisamente, uno de los objetivos de la fiscalidad diferenciada es favorecer la llegada de empresas y trabajadores a las provincias despobladas. 

En la respuesta, el Gobierno hace referencia explícita tanto al IRPF como al impuesto de Sociedades para recordar que son tributos «de carácter estatal por su naturaleza» y que «no contienen medidas dirigidas a un ámbito territorial o geográfico concreto». En este ámbito recuerda que Sociedades sí tiene incentivos fiscales pero «sin requisito territorial» y que la adopción de medidas sobre el impuesto «debe hacerse respetando el derecho de la Unión Europea y, especialmente, han de tener una justificación y unas características que impidan su consideración como ayuda de Estado». Sobre el IRPF recuerda que su las bonificaciones fiscales no tendría sentido en profesionales o empresarios con «menores rentas o rentas negativas». 

Tras exponer estos razonamientos, el Gobierno afirma que considera que «las política de gasto público consistente en ayudas y subvenciones son un instrumento más idóneo que la concesión de beneficios fiscales para la ayuda al sector o zona afectada». La respuesta incide en que bajo esta fórmula se logra «una mayor inmediatez entre la concesión de la ayuda y el hecho que las motiva, una adecuada selección de los beneficiarios de la ayuda y la valoración de las necesidades específicas que concurren en cada uno en relación con el importe de la ayuda». El sistema de ayudas y subvenciones también permite «un mayor control de la adecuación de la ayuda a la finalidad que la motiva», según el Ejecutivo. 

Bajo estas consideraciones el Gobierno «desaconseja» la adoptación de las medidas de una fiscalidad favorable «frente a otros instrumentos como las subvenciones o ayudas públicas». La respuesta termina  recordando que además en el IRPF hay una parte cedida a las Comunidades Autónomas por lo que «afectaría al modelo de financiación autonómica».