Pepe Álvarez: "En la mesa de Diálogo Social nunca se ha hablado de la fiscalidad diferenciada"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó ayer que la organización no ha participado en ninguna mesa de diálogo social junto con el Gobierno y otros interlocutores para abordar cómo aplicar la fiscalidad diferenciada para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel o para hablar sobre los problemas de la España vaciada. Álvarez participó en un seminario organizado por el propio sindicato sobre el Reto Demográfico y la España Vaciada, al que acudieron  el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez; el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González;el secretario de Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya; el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas; y el secretario de UGT Castilla y León, Faustino Temprano.

Los miembros del Gobierno central han reiterado, en los últimos meses, que el asunto ya se había dirimido y se iba a dirimir en el citado órgano, algo que según el máximo representante de UGT no se ha producido.

«No se ha producido ninguna mesa de diálogo social en la que se haya planteado esa cuestión. Pero la fiscalidad es un elemento clave para luchar contra la España Vaciada y creemos que todos los elementos competitivos que permitan que los territorios vaciados compitan mejor por la vía de la fiscalidad se debe potenciar», planteó.

Álvarez sí confirmó que, en enero, el Gobierno les convocó para hablar sobre cómo aplicar los Fondos de Reconstrucción y sobre el mapa que la UE planteará sobre las zonas que recibirán prioritariamente esos fondos en relación con las inversiones fiscales. «La UE no tiene todavía la consideración de las zonas despobladas sino que incluye en su mapa a las zonas que pierden empleo o en las que se cierran empresas», destacó para subrayar que, en la citada reunión, se habló de las inversiones que se pueden hacer pero no desde las perspectiva de la condición fiscal de las personas frente a las haciendas públicas. 

La posición de la UGT en las mesas de concertación sobre el asunto será, según el líder de la UGT, que sí hay que tener en cuenta la fiscalidad como un instrumento de soporte para ayudar a las zonas despobladas.  Álvarez abogó por aprobar un Pacto de Estado para dar ventajas en materia de empleo, industria o en servicios públicos al medio rural con el propósito de conseguir que las actuaciones en materia demográfica «no se quede en nada». 

Por su parte, el secretario de Estado de Reto Demográfico, Francesc Boya, pidió «paciencia» para la aplicación de la fiscalidad diferenciada, un día después de condicionar estas ayudas al desarrollo de la guerra en Ucrania. Reconoció, al igual que Álvarez, que el tema no se ha discutido todavía en ninguna mesa de diálogo, pero que  «ya hay una mesa constituida» para tal efecto. «Se aplicará cuando las circunstancias lo permitan», expresó.

El secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, exigió al nuevo Gobierno autonómico que la despoblación sea una cuestión prioritaria en su agenda y se debatan en el seno del diálogo social las medidas que hay que poner para hacer frente a la pérdida paulatina de población. «En estos momentos se da una despoblación en zonas urbanas y rurales», recordó.

Por la mañana, durante la presentación en la Cámara de los resultados del semillero de empresas, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, señaló que «nos tratan de tontos». Así resumió el anuncio del Gobierno de que la guerra de Ucrania no permite poner en marcha en este momento la fiscalidad diferenciada en la provincia. «Voy a ser diplomático porque me han pedido lealtad institucional. Llevamos esperando mucho tiempo la materialización del convenio de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) que incluye a Soria, Cuenca y Teruel.  Hemos pedido reuniones con Reto Demográfico y con la ministra en reiteradas ocasiones y no nos han contestado. Teresa Rivero tenía un acto en Soria y al final lo hace on-line así que parece que le cuesta mucho venir».

Por su parte, el presidente en funciones de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, habló de «intereses y prebendas políticas» con los socios de Gobierno. «Nos venden la iniciativa como un proyecto de voluntad política y al final está condicionado a los socios de gobierno que muchos de ellos están en un club privilegiado donde no les interesan este tipo de iniciativas donde ellos son socios. Es verdad que son los que tienen unas prebendas por apoyar a unos gobiernos o para que haya cierto interés en mantener los gobiernos activos (legítimo) pero nos lo venden como voluntad política y al final no es más que interés político».