Soria registra 14 agresiones a sanitarios tras 13 incidentes

Soria registró en el año 2021 un total de 14 agresiones a profesionales sanitarios derivadas de 13 incidentes, según los datos que dio a conocer ayer la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

Las agresiones se reparten entre 6 casos ocurridos en Atención Primaria y 8 en Hospitalaria, que afectaron a 7 médicos, 6 enfermeras, un auxiliar y un celador. El incremento en el número de agresiones es de un 27%. En el año 1019 hubo 17 agresiones, 11 en 2020 y las referidas 14 de la última anualidad. En cuanto a los incidentes también se ha producido un aumento con respecto a 2020. Arranca la estadística con los 17 de 2019, los 11 de 2020 y los 13 de 2021. 

Hay que hacer constar que las 6 agresiones en Atención Primaria suponen doblar los datos con respecto al ejercicio anterior. Los cambios registrados en la atención sanitaria provocados por el Covid, incluida la asistencia no presencial, están detrás del incremento de las agresiones.

Además, se han elevado a dos los centros de salud del mapa de riesgos que elabora la propia Consejería de Sanidad. Se trata de El Burgo de Osma y Ólvega.

En Castilla y León se dispararon un 30% las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios en 2021 y elevaron a 78 centros de salud el mapa de riesgos que elabora la Consejería de Sanidad, 17 más que en 2020. Por provincias, Valladolid acapara una de cada tres agresiones con un total de 180 -99 en el área Este y 81 en el Oeste-, y Burgos es la segunda con más casos denunciados (107), muy por encima también de Zamora, que sufrió 55 agresiones. En Salamanca hubo 51 denuncias y por debajo de estas cifras están León (50), Ávila (44), Segovia (43), Palencia (29) y El Bierzo (26).

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados de Salud, Jesús García-Cruces, mostró ayer su preocupación por este «injustificable» incremento de la violencia que provocó 599 agresiones físicas o verbales. García-Cruces indicó que son hechos delictivos que deben ser perseguidos y condenados y más si se tiene en cuenta el nivel de estrés al que ha estado sometido el personal sanitario durante la pandemia, sufriendo situaciones de ansiedad, impotencia y confusión. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria realizó estas declaraciones en una jornada en la que presidió una reunión del Observatorio de Castilla y León.

García-Cruces dijo que no solo se trata de un problema muy grave que afecta a la esfera personal del sanitario, sino también al ámbito profesional, ya que menoscaba su vocación. No obstante, señaló que confía que este incremento de la violencia contra los profesionales sea algo «pasajero», aunque mostró el compromiso de la Junta de seguir luchando contra «esta lacra», informa Ical.

García-Cruces señaló que además de campañas de concienciación a la ciudadanía y del acompañamiento a la víctima una vez que se denuncia el caso, desde la Junta también se están organizado cursos de formación, en los que el pasado año participaron 730 profesionales para saber cómo evitar una agresión y sobre la actitud que se debe tomar una vez que se produce. García-Cruces destacó la importancia que tiene que todas las agresiones sean denunciadas. El viceconsejero dijo ayer que desde Sanidad también se están introduciendo mecanismos de llamada directa a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde la aplicación informática de la historia clínica electrónica.

Del total de agresiones, 290 trabajadores fueron atacados en 260 incidentes en el ámbito de la Atención Primaria, 308 agresiones en los 269 incidentes registrados en hospitales y una persona fue violentada en un incidente ocurrido en el ámbito de la gerencia. Por categorías profesionales, en 2021 fueron víctimas de agresiones 222 médicos, 218 enfermeras, 69 auxiliares de enfermerías, 40 celadores y 43 administrativos y auxiliares administrativos. Por sexo, las profesionales agredidas representan el 82,6% de las víctimas (495 mujeres frente a 104 hombres), condición que el caso de los agresores cambia al ser mayoritarios los varones, con el 57,4% de los violentos.

El perfil de los agresores se completa con que es una única persona en el 89,5% de las ocasiones, usuario del sistema en el 64,9% y reincidentes, uno de cada ocho (12,5%); cuantitativamente el número de violentos en 2021 ha sido de 643 (373 hombres y 270 mujeres). En 87 de los 530 incidentes recogidos por el Observatorio hubo aviso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, mientras que 47 trabajadores de Sacyl formularon denuncias por vía penal, catorce más que en 2020. Desde 2005 se han dictado judicialmente 243 sentencias condenatorias por agresiones en la asistencia sanitaria.

En cuanto a las causas, se estructuran en disconformidad con la atención (35,7%), trastorno y conductas problemáticas del usuario (18,5%), demandas del usuario (18,3%), disconformidad con el trato (7,9%), tiempos de espera (7,1%) y adicciones (4,2%), principalmente.

El sindicato de enfermería Satse en Castilla y León exigió ayer que se tomen medidas para acabar con este problema,. El sindicato mostró su preocupación por el hecho de que las enfermeras fueron las profesionales que más agresiones físicas padecieron en 2021, 53 de las 124 que se produjeron. Satse insistió en que el de Enfermería es un colectivo mayoritariamente femenino y en estas agresiones puede haber un «sesgo de género que esté incidiendo en que se produzcan más ataques». Satse reclamó un aumento de vigilantes en Psiquiatría y Urgencias, servicios donde más agresiones se producen. 

El Sindicato de Enfermería alerto que las enfermeras son los profesionales que «están al lado del paciente» las 24 horas de los 365 días del año, lo que les hace más proclives a padecer estas agresiones. Además, reiteró Satse, la Administración sanitaria de la Comunidad «debe analizar qué está sucediendo para que las agresiones a sanitarios sigan aumentando año a año y que haya profesionales como son las enfermeras que son los que más agresiones físicas padecen, porque debe velar por la integridad de sus trabajadores y porque, además, esto está perjudicando la calidad de la asistencia que se presta en los centros».